Una vez más, los transportistas salieron a las calles para exigir el cumplimiento de un supuesto acuerdo firmado con autoridades de gobierno en mayo del año pasado, en el que se establece la regularización de por lo menos 500 unidades que prestan servicio de taxi y colectivo.

“Lo único que queremos es que nos dé una solución porque ya son más de 20 años los que estamos trabajando escondiéndonos y necesitamos legalidad. Queremos pagar nuestros impuestos como todo mundo y que nos dejen trabajar como lo estamos haciendo hasta el momento”, declaró René Jiménez Aquino, presidente de la Federación Democrática del Transporte.

El líder transportista aseguró que en las últimas semanas han sido perseguidos por supervisores de la Dirección General de Transportes (DGT), que buscan detener sus unidades. “Nos han detenido a algunas y aunque las sacamos y vuelven a operar no podemos estar tranquilos, queremos que pare la persecución”, añadió.

El plantón duró por lo menos cinco horas, en tanto se instaló una mesa de diálogo con autoridades de la Dirección de Transportes y la Secretaría de Gobierno, a fin de que los inconformes se retiraran del centro de la capital morelense.

Sin embargo, el encuentro no tuvo resultados, ya que, una vez más, se les negó la posibilidad de regularizar sus unidades, por no existir un diagnóstico que indique que hace falta servicio en la zona oriente, donde opera la mayoría de taxis y combis.

“Nosotros ahorita vamos hacer el movimiento que corresponda, vamos a ir al Palacio de Justicia, al Tribunal de Justicia, vamos a ir a la Contraloría y vamos a ir a ver al gobernador, a ver dónde lo encontramos para que enfrente el problema y no se siga escondiendo porque es la primera autoridad y nosotros tenemos la necesidad que nos escuche”, manifestó Jiménez Aquino.

Minutos después, un grupo de transportistas se trasladaron a la calle Leyva, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de la Contraloría del estado. Ahí se manifestaron por varios minutos y exigieron se atienda la queja que interpusieron desde el año pasado en contra de la Dirección de Transportes por presuntas irregularidades en la expedición de concesiones.