La Contraloría de Cuernavaca había impuesto una sanción económica de un millón 374 mil pesos a la constructora L&F y una inhabilitación por cinco años para suscribir contratos para obra pública en los ámbitos municipal y estatal.

Sin embargo, la constructora se inconformó e inició en septiembre de 2010 un juicio administrativo para impugnar las sanciones por considerar que no fueron legalmente sustentadas por la autoridad municipal.

En este y otros juicios, la empresa Constructor L&F ha argumentado que el desplome del tanque elevado de Chamilpa es atribuible a las fallas técnicas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca porque fue la dependencia la que elaboró el proyecto de construcción del tanque elevado y con base en ello el consorcio ejecutó la obra.

Sin embargo, la autoridad municipal alegó que la responsabilidad es del consorcio, a quien acusó de actuar de mala fe en virtud de que nunca advirtió de defectos en el diseño arquitectónico del tanque elevado.

No obstante, el TCA ordenó a la Contraloría municipal emitir una nueva resolución en la que revalore y argumente las sanciones, así como explique en qué se basa la autoridad para sostener que hubo mala fe de L&F en la construcción del tanque elevado.