De esta forma, explicó el diputado Luis Miguel Ramírez Romero que fue quien presentó la propuesta, los hijos no quedarán desprotegidos por los padres que en muchas ocasiones dejan de trabajar para no cotizar ante el IMSS y evitar que les quiten un porcentaje de salario.

“Con la reforma, se faculta a los jueces a determinar la pensión en base a los ingresos comprobables y no comprobables. Se trata de darle tranquilidad a la madre, pero sobre todo del bienestar y estilo (sic) de los hijos”, dijo.

El coordinador de los panistas en el Congreso local explicó que la forma en que se podrá comprobar los ingresos informales será por la propia esposa, pues durante el tiempo en que estuvieron casados conoció de los recursos que el hombre obtenía para la manutención de la familia.

Gastos de manutención, médicos, comida, escuela, todos estos comprobantes, dijo Ramírez Romero, servirían para que el juez base su decisión de forma tal que el porcentaje de la pensión alimenticia sea más alto.

“Se trata (sic) para las personas que además de un trabajo tienen una concesión de taxi, un negocio y que venía evadiendo impuestos de esta forma… los familiares podrían ser, incluso, testigos a favor de los hijos”, apuntó.

Señaló que se han dado muchos casos en que los hombres se salen de sus trabajos formales para no cotizar al IMSS y evitar de esa forma que directamente se les descuente el porcentaje de la pensión, y entonces se mantienen con otro tipo de actividad en la que no se comprueban ingresos.

Dentro de la iniciativa también se determina la creación de un padrón de padres morosos o incumplidos de la pensión alimenticia, de tal forma que las personas que se encuentren dentro de éste no puedan realizar ninguna transacción mercantil o, en todo caso, se les descuente del movimiento que hagan.

“Está pensada en las madres que son las que llegan a esta representación social a decir ‘diputado haga algo’, porque está pasando; es una realidad muy vigente. Hay que reformar la ley para proteger a los hijos de sus derechos adquiridos”, manifestó el también presidente de la Junta Política y de Gobierno.

La iniciativa pretende reformar el Código Familiar para el estado de Morelos, el Código Civil y la Ley del Notariado Público, que ya fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.