El dirigente local del SME, Héctor Salazar Porcayo, informó que el Tribunal Unitario (con sede en Cuernavaca) y el Quinto Tribunal Unitario de la Tercera Región Auxiliar (con sede en Guanajuato) ratificaron la negativa del Juzgado Quinto de Distrito de conceder la protección de la justicia federal a Marco Antonio García Barrera, secretario del trabajo de la división Cuernavaca del sindicato, y a él contra el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito.
Lo anterior es derivado de la causa penal 63/2010, iniciada en contra de ambos por el presunto delito de privación de la libertad en agravio de un grupo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el pasado 17 de febrero.
Salazar Porcayo expresó que ante la negativa de amparo, su compañero y él están ya bajo proceso, aunque en libertad bajo caución, por lo que tendrán que acudir al penal de Atlacholoaya para que sean fichados.
Informó que el próximo 29 de abril se realizará una audiencia ante el Juzgado Cuarto de Distrito, en la que la contraparte, la CFE y el SAE, pretende presentar como pruebas de cargo un video en el que aparecen él y otros de sus compañeros conversando con los funcionarios federales, que los acusan de privación de la libertad.
Dijo que han promovido un recurso legal para solicitar el desechamiento de esta prueba, que pretende ser utilizada como prueba auto-incriminatoria, lo cual es completamente inconstitucional.
Insistió que la causa penal en su contra no es un asunto jurídico sino netamente político en contra de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes han emprendido una lucha contra la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Sostuvo que el día de los hechos “nuestro único delito fue preguntar quiénes eran las personas que se presentaban en la instalaciones (de la extinta CLyFC en avenida Vicente Guerrero de Cuernavaca) el 17 de febrero de 2010, guardando el orden en las instalaciones y en última instancia ser agremiados del SME”.
“Es lamentable que en estos procesos no tengan sustento legal sino más bien político y que la impartición de justicia se encuentre a merced de los designios federales de exterminar a una organización y criminalizar un movimiento pacífico”, dijo.
