Desde hace diez años no son actualizados.

Los planes estatales de ordenamiento territorial, urbano y de ecología están listos pero falta que los 36 municipios elaboren los propios, pues desde el año 2012 no han sido actualizados.

Recientemente, la organización “Guardianes de los Árboles” demandó a los tres niveles de gobierno acciones contundentes e inmediatas para frenar la brutal deforestación en áreas naturales protegidas y detener la mancha urbana, que ha ocasionado graves pérdidas de este recurso natural en la última década.

La representante de dicha asociación civil, Flora Guerrero Goff, se pronunció porque se respeten los programas de ordenamiento elaborados con la participación de instituciones, la academia y la sociedad civil.

El secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés, reveló que la mayoría de los 36 municipios no ha elaborado sus programas municipales en esta materia, que prácticamente no han sido actualizados desde hace casi diez años.

Reconoció que el problema de asentamientos humanos irregulares implica una lucha constante, porque se siguen intentando comercializar lotes en zonas prohibidas aunque sean áreas naturales protegidas; el asunto se convierte en un tema de seguridad, en virtud de que muchos de los predios son supuestamente vendidos, pero es una estafa, ya que esos lotes jurídicamente no pueden ser comercializados.

El Plan estatal de Ordenamiento Territorial y Urbano recientemente fue terminado con la participación de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y costó 15 millones de pesos al estado.

Ahora el reto es que los ayuntamientos que en enero pasado tomaron posesión del cargo los adecúen al marco estatal, los actualicen y se den a conocer y, como consecuencia, se hagan respetar.

Las autoridades han señalado al inicio de este año que se mantienen recorridos en dichas zonas para identificar los asentamientos o invasiones; sin embargo, es importante contar con los ordenamientos que permitan las acciones jurídicas correspondientes para generar un crecimiento urbano ordenado.