La mañana de este lunes, los legisladores se reunieron con el jefe del Ejecutivo en un hotel conocido de Jiutepec; encuentro en el que se abordó el problema de la inseguridad que se vive en la entidad, aun cuando fue negado por el propio secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez, que también estuvo presente.
Fue el presidente de la Mesa Directiva, Julio Espín Navarrete, quien confirmó la petición hecha al mandatario estatal para que se atendiera al llamado de grupos sociales y de algunos representantes políticos en torno a la permanencia de los encargados de salvaguardar la seguridad y procurar la justicia.
“La gente lo ha estado evaluando, la gente no está de acuerdo con el trabajo que se está haciendo. Nosotros simplemente estamos esperando que el ciudadano gobernador tome cartas en el asunto y defina la situación lo antes posible”, declaró el diputado priista al término de la reunión.
Después de varios meses, el encuentro con el gobernador Adame Castillo se dio, y el presidente de la Mesa Directiva confió en que dé resultados inmediatos, como cambios en las dependencias estatales y en la estrategia de seguridad.
Es que Espín Navarrete aseguró que el jefe del Ejecutivo se comprometió a revisar la petición hecha por representantes partidistas, principalmente del PRI y del PRD, luego de que se registrara el multihomicidio en Temixco y el asesinato del líder cetemista Tito Barrera Ocampo.
“Se han venido sumando otros partidos políticos en el tema. Es lo que estamos platicando al señor gobernador, y las voces que se están levantando para remover a un funcionario… dijo que está en la valoración de ver lo que va hacer”, añadió.
Mientras tanto, el coordinador de los diputados perredistas en el Congreso local, Rabindranath Salazar Solorio, dijo que se planteó al gobernador del estado la necesidad de dar seguridad al estado para su desarrollo; para lo cual, dijo, se requieren estrategias de fondo.
Respecto al tema de seguridad, autoridades estatales y diputados no acordaron próxima reunión, tal y como se había planteado en la mesa de seguridad que hace menos de un año se fijó entre el Ejecutivo y Legislativo
