La ministra Margarita Luna Ramos de la Segunda Sala fue ponente de los proyectos de resolución de los juicios de amparo en revisión 919/2010, 920/2010 y 923/2010 (promovidos por los abogados Alejandro Marquina Corona, Laura Guadalupe Flores Sánchez y Rodolfo García Aragón) y que fueron atraídos por el Alto Tribunal.

En el caso de García Aragón, los ministros resolvieron confirmar la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito respecto al sobreseimiento del juicio de garantías promovido contra actos del Congreso, derivado de la designación de Julio Ernesto Pérez como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura y Guillermina Jiménez Serafín, María Idalia Franco, Rubén Jasso Díaz, Carlos Iván Arenas, Norberto Calderón Ocampo y Ángel Garduño como magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de Marquina Corona, los ministros determinaron no conceder la protección de la justicia federal debido a que no hubo violaciones a sus derechos, porque su descalificación para pasar a las etapas siguientes del concurso de oposición para designación de magistrados fue basada en que no cubrió los requisitos legales y exigidos en la convocatoria. En cuanto al nombramiento del consejero de la Judicatura, se determinó sobreseer porque el Congreso tiene la facultad de nombrar a su representante en el órgano judicial.

En tanto que en el caso de Sánchez Flores, quien estuvo entre los 18 finalistas, los ministros resolvieron que la abogada compitió en condiciones de equidad e igualdad con el resto de los aspirantes y por lo tanto la designación fue legal.

Con estas resoluciones, el Alto Tribunal fijó criterios para resolver otros amparos en revisión, pues la atracción de estos y otros casos por parte de la SCJN fue con la finalidad de evitar sentencias contradictorias.

Cabe destacar que la Segunda Sala entró al estudio y resolución del fondo de estos amparos en revisión, con lo cual se declaró la legalidad de las designaciones y prácticamente la materia de estudio de la controversia 66/2009 se reduciría al estudio de la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, relativas al nombramiento de magistrados.

Hasta el momento no hay fecha para la resolución de dicha controversia promovida por el ex presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, y de la cual presentó un desistimiento el actual titular del tribunal, Miguel Ángel Falcón Vega. Sin embargo, toca a la SCJN determinar si procede o no el desistimiento, y en su caso entrar al análisis del asunto.