Uriel Carmona asegura que sigue en el cargo y que recurrirá a la justicia; admite que puede ser detenido.

La Cámara de Diputados avaló el acuerdo de la Sección Instructora, que determinó que el fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no cuenta con fuero federal ni estatal y, de acuerdo con juristas consultados, esto significaría que la Fiscalía General de la República podría proceder penalmente contra el abogado estatal.

Con 208 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, fue avalado el acuerdo impulsado por Pablo Gómez Álvarez, ex presidente de la Sección Instructora, y heredado a la actual legislatura federal, por el que se determinó que Carmona Gándara no cuenta con fuero constitucional.

“Se desecha la solicitud presentada por el Ministerio Publico de la Federación para que la Cámara de Diputados del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos realice declaratoria de procedencia con respecto al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, C. Uriel Carmona Gándara, en razón de que para dicho servidor público resulta inexistente la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual no se colman los extremes constitucionales y legales exigidos para el mismo precepto constitucional, así como para el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de las Servidores Públicos”, estableció el acuerdo votado.

Conforme al acuerdo votado por mayoría de votos, la Cámara de Diputados estimó que el fiscal estatal no solo carecía de fuero federal, sino que la propia Constitución local lo excluye de la protección constitucional, al establecer en su artículo 136 que, para proceder penalmente contra los magistrados, consejeros electorales, comisionados del órgano de transparencia local, los integrantes de los cabildos y el fiscal general del estado “no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señala si ha lugar o no a la formación de causa”.

El 15 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de juicio de procedencia contra el fiscal de Morelos, por supuestamente no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en febrero de 2018 y por haber realizado diversos nombramientos en la FGE sin que las personas designadas contasen con las evaluaciones exigidas en  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Bajo estos supuestos,  la FGR acusó a Carmona Gándara de la presunta comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en los artículos 214 y 212 del Código Penal Federal, y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
El fiscal promovió el juicio de amparo 5/2021, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito (que posteriormente se declaró impedido para conocer el asunto y el juicio está en espera de returno), y en febrero obtuvo la suspensión definitiva, “únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continuaran con el procedimiento de declaración de procedencia instaurado al quejoso, hasta antes de que se emita en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la resolución definitiva respecto a la declaratoria o no de procedencia, cuya emisión deberán reservar”.

Durante seis meses, se debatió en el seno de la Sección Instructora y otros órganos de la Cámara de Diputados sobre el alcance de la suspensión y si el fiscal morelense contaba o no con fuero.
El pasado 9 de agosto, la Comisión Permanente de la extinta LXIV Legislatura, determinó excluir el caso del fiscal  del último periodo extraordinario de sesiones el tema de Carmona Gándara, para respetar la medida cautelar concedida por la juez de distrito y heredar el asunto a sus sucesores.

Postura de la Cámara de Diputados
Tras un  duro debate con los diputados de oposición, que votaron en contra, el diputado de Morena Sergio Carlos Gutiérrez Luna  señaló que el acuerdo avalado de la Sección Instructora, respecto a la resolución del expediente de la Declaratoria de Procedencia relacionada con el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, “no es un procedimiento en el que se esté determinando si ha lugar o no”.

Precisó que se está ante un acuerdo de trámite de previo y especial pronunciamiento, “porque lo que determinó la Sección Instructora en un procedimiento materialmente jurisdiccional, y eso es muy importante que lo tengamos claro, la función que estamos ejerciendo hoy no es función de naturaleza legislativa, es una función de naturaleza jurisdiccional, y lo que determinó la Sección Instructora es que la persona objeto de la imputación no está en el catálogo del artículo 111 constitucional y, por lo tanto, no es sujeto de este procedimiento”.

Resaltó que esa resolución también se sustenta en el artículo 136 de la Constitución local del Estado de Morelos, que dispone que, para proceder penalmente en contra del Fiscal General de ese de estado, no se requerirá la declaratoria del Congreso del estado, en la que señale si ha lugar, o no, a la formación de causa. Es decir, “la propia Constitución del Estado de Morelos dice que no tiene fuero”.

Listo para continuar la lucha legal: fiscal
El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara acudió a la sede de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para intentar, sin éxito, ser escuchado por las y los legisladores previo a la votación del acuerdo, que finalmente fue avalado principalmente de los partidos Morena, PT y PVEM.

Ahí, en la sede legislativa, Carmona Gándara lamentó la votación y advirtió que la decisión de la Cámara de Diputados sienta un precedente en contra de los fiscales estatales de todo el país.
“La resolución fue inesperada porque resolvieron que los fiscales de la República no tienen fuero y este es un precedente muy importante, muy trascendente porque todos los fiscales del país, los estatales estaríamos en la misma situación y es algo que creo que se tiene que respetar”, dijo al señalar que continuará la lucha jurídica y agotara todos los medios de defensa a su alcance porque es inocente de las acusaciones de la FGR y sostuvo que él no es ningún delincuente.

“No he cometido ningún delito, es producto de un tema enteramente político, yo soy creyente de la Cuarta Transformación, soy una persona honrada, yo no miento, no robo, no traiciono, y estamos trabajando así. Yo no soy adversario de nadie, estamos haciendo en la fiscalía un trabajo limpio, un trabajo transparente.

“Sigo siendo el fiscal del estado y esto nada más implica que dejo de tener momentáneamente la protección de fuero constitucional, pero esa determinación del Pleno de la Cámara de Diputados es impugnable en los medios de defensa constitucionales. Como les decía, es lo que voy a hacer valer y tengo plena confianza en el Poder Judicial de la Federación  y esto seguramente terminará en la Suprema Corte de Justica dela Nación, juzgados y tribunales federales”, afirmó.

Sostuvo que no es adversario del actual gobernador y se desmarcó el exmandatario perredista Graco Ramírez e insistió en que la política no estará por encima de la ley y las resoluciones de los juzgados.
Adelantó que en las próximas horas promoverá un incidente de violación de la suspensión definitiva otorgada por un juzgado federal. “Yo voy a denunciar que se violó esa suspensión definitiva en mi perjuicio”, afirmó al indicar que el caso tendrá repercusión y pondrá en una situación vulnerable al resto de los fiscales del país.

Agregó que no solo es muy grave que la Cámara de Diputados vulnere a los fiscales estatales sino que haya hecho una interpretación constitucional, cuando esa facultad está fuera de su competencia.
“Es muy severo dejar a un fiscal estatal sin fuero por un tema administrativo, lo que resolvió la Cámara de Diputados es que el fiscal estatal no cuenta con fuero, interpretaron la Constitución federal y la Constitución del Estado de Morelos sin facultades para para ello, porque la única autoridad para interpretar la Constitución es el Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo al enfatizar que continuará trabajando como fiscal estatal y paralelamente hará su defensa legal.

De acuerdo con varios juristas consultados, la FGR podría ejercitar acción penal en contra de Carmona Gándara e imputarlo ante un juez por los presuntos delitos que se le atribuyen.