El coordinador de los diputados panistas en el Congreso del estado, Luis Miguel Ramírez Romero, dio adelantos de las reformas planteadas a la Ley Estatal de Seguridad Pública, así como al Código Penal del Estado de Morelos y el Código de Procedimientos Penales, de tal forma que las videocámaras sean utilizadas para inculpar a algún delincuente.

Ramírez Romero se reunió con empresarios del estado, a los que les presentó las iniciativas y pidió su punto de vista, sobre todo porque los negocios serían parte fundamental, al permitir que la autoridad o los ciudadanos soliciten la videograbación de su empresa para utilizarla como prueba, situación que actualmente no se permite.

“La importancia de esta reunión es encontrar coincidencias en las modificaciones legales que estamos planteando y sobre todo el apoyo de todos, pues creemos que ante la situación de inseguridad que se vive, las propuestas que estamos planteando serían primordiales”, manifestó el diputado panista.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rodrigo López Laguardia, dijo que la intención de utilizar videograbaciones de cualquier negocio podría ser riesgosa tanto para el empresario como para los ciudadanos, por lo que analizarán a detalle la propuesta del grupo parlamentario del PAN.

“No conocemos los alcances de esto. De antemano prevemos riesgoso el hecho que nosotros nos expongamos ante cualquier delincuente, pues finalmente en una videograbación aparecen clientes y trabajadores de la misma empresa”, explicó López Laguardia.

El coordinador de los panistas dijo que los cambios a la legislación que fueron discutidos en esta mesa de análisis, comprenden también inducir que las empresas privadas morelenses deban tener preferencia a ser contratadas para prestar servicios, por sobre aquellas que provienen de otras entidades del país, lo que redundaría en un apoyo a la problemática local del empleo y también en beneficio de la economía de nuestro estado.

Añadió que la iniciativa de modificación a las legislaciones anteriores podría presentarse al pleno en uno o dos meses aproximadamente, una vez que se tenga la opinión de la iniciativa privada.