El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Luis Miguel Ramírez Romero, aseguró que el delito de secuestro es un problema grave, que preocupa a las autoridades, a pesar que la PGJ ha reportado cifras a la baja en cuanto a la comisión del delito.

El diputado panista informó que una vez aprobada la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, el Congreso de Morelos trabajará de manera inmediata en reformas que den resultados en esta materia.

Comentó que se buscará fortalecer el trabajo de investigación de la Procuraduría General de Justicia, de tal forma que se pueda dar de manera inmediata con las bandas delictivas que en Morelos se dedican a la comisión de este delito.

Según el diputado local la Fiscalía Morelense informó la detención de 20 bandas de secuestradores durante el último año, lo que supuestamente ha beneficiado para inhibir el problema en Morelos, cuando hace algunos años el secuestro era uno de los principales delitos cometidos con mayor incidencia.

“La actuación del Congreso será inmediata, ya que recientemente se aprobó la ley, el enfoque de fortalecer las facultades de la Procuraduría General de Justicia en materia de investigación, patrullaje de inteligencia y con esto se pueda tener mayor margen de trabajo de amplitud que hoy, desafortunadamente, no tiene a pesar de los avances que se han hecho”, declaró.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno comentó que del informe presentado por la Fiscalía Morelense, es el secuestro express lo que ha repuntado en número de casos, así como la extorsión telefónica, muy por arriba de la privación ilegal de la libertad por tiempo indeterminado, aunque reconoció que el problema en Morelos aún es grave.

Cabe recordar que este lunes entró en vigencia la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se contempla penas de 2 a 6 años de prisión cuando la víctima sea privada de su libertad por tres días y hasta 16 años cuando el tiempo sea mucho mayor. Asimismo, se determina prisión preventiva para los imputados durante el proceso penal.