En tanto, el magistrado Martín Jasso Díaz expresó que la secretaria de la Contraloría, Patricia Mariscal, debería explicar por qué otros involucrados en el caso GEMTEL no fueron sancionados.

Ayer, por dos votos contra uno, el pleno del TCA declaró la nulidad de la resolución de la Contraloría pero sólo para que emita una nueva debidamente fundada y motivada con base en los lineamientos dictados por la autoridad jurisdiccional.

Esto significa que la Secretaría de la Contraloría deberá emitir una resolución con plena libertad de criterio y jurisdicción, en la que ratifique o modifique –en cumplimiento a los lineamientos dictados por el TCA- los nueve años de inhabilitación como servidor público y la multa de más de 12 millones de pesos impuestos a Alfonso Pedroza Ugarte.

El 4 de julio de 2008, Alfonso Pedroza Ugarte, ex oficial mayor del gobierno estatal; Jorge Mario Arregui Uribe y Gloria Everthsol Flores Domínguez, ex director General de Recursos Materiales y Control Patrimonial y ex encargada del Despacho de la Dirección General de Modernización, promovieron el juicio administrativo TCA/1aS/56/2008 contra la resolución de la Secretaría de la Contraloría, emitida el 13 de julio de ese año y por la cual se les inhabilitó para desempeñar cargos en el servicio público estatal por un período de 12 años y una multa económica de 15 millones 923 mil 661 pesos con 98 centavos.

Paralelamente, la Procuraduría General de Justicia inició la integración de la averiguación previa SC/6ª/5268/08-05 para deslindar posibles responsabilidades penales contra los servidores públicos involucrados en este caso. Hasta la fecha, ni la PGJ ni la Secretaría de la Contraloría han informado del estado en que se encuentra esta averiguación previa.

El 20 de enero de 2009, el pleno del TCA determinó anular la resolución de la Contraloría para efecto de que emitiera una nueva en la que se individualizaran las sanciones a los tres implicados en el caso GEMTEL, quienes a su vez promovieron un amparo.

En agosto de 2009, el Tercer Tribunal Colegiado negó el amparo al ex oficial mayor del gobierno de Morelos, Alfonso Pedroza Ugarte, contra la sentencia TCA/1aS/56/2008 del Tribunal Contencioso Administrativo y confirmó la responsabilidad del ex funcionario estradista en la compra fraudulenta al Grupo Empresarial Mexicano (GEMTEL) de una red inalámbrica.

Los otros dos implicados sí obtuvieron la protección de la justicia federal contra la misma resolución del TCA, pero no fue por la inexistencia de elementos de responsabilidad sino debido a que la autoridad federal consideró que la Secretaría de la Contraloría no era la instancia para iniciar el proceso, sino el superior jerárquico de los servidores públicos.

En cumplimiento a lo resuelto por la justicia federal, el 1 de septiembre de 2009 el TCA ordenó a la Secretaría de la Contraloría emitir una nueva resolución en la que se fincaran las responsabilidades y sanciones sólo a Pedroza Ugarte, cuya responsabilidad en la compra fraudulenta de la red inalámbrica ha sido probada y ha quedado firme al haberse agotado los medios de defensa del ex funcionario estatal.

En el mes de noviembre, la Secretaría de la Contraloría emitió la nueva resolución en la que impuso a Pedroza Ugarte nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos en Morelos y una sanción económica de poco más de 12 millones de pesos, que equivale al 38 por ciento de los 32 millones de pesos que el gobierno del estado pagó al consorcio GEMTEL por la red inalámbrica.

Hasta agosto del 2010, el TCA dio por todos los lineamientos y dio por satisfecha la sentencia en la que la Contraloría ratificó la multa de más de 12 millones de pesos y la inhabilitación de nueve años para ocupar cargos en la administración estatal.

Luego del vaivén jurídico, Pedroza Ugarte promovió otro juicio de nulidad entre el tribunal administrativo para impugnar la nueva resolución de la Secretaría de Contraloría en torno al monto de las sanciones, y por lo cual la dependencia debe emitir una nueva resolución con libertad de criterio y jurisdicción en la que ratifique o modifique las sanciones, la cuales pueden ser impugnadas ante el tribunal colegiado por tratarse de un nuevo acto de autoridad.

Contralora debe dar explicaciones: magistrado

En respuesta a la advertencia de la secretaria de la Contraloría, Patricia Mariscal Vega, de iniciar juicio político contra los magistrados del TCA que incurran en actos de corrupción y protección hacia Pedroza Ugarte y los señalamientos hacia su persona, el magistrado de la Primera Sala, Martín Jasso Díaz, dijo que es la funcionaria la que debe dar explicaciones tanto a sus superiores como al Poder Legislativo y a la sociedad.

“Por cuanto a las expresiones de la contralora, la señora merece mi respeto como dama que es. Lamento que no esté bien informada por parte de sus subalternos. Pero con la misma vehemencia que reclama la resolución de este asunto, estimo que con esa misma vehemencia debería dar explicaciones de por qué otros servidores públicos que tienen que ver con este asunto ya no fueron sancionados. Debería dar una explicación a la sociedad morelense y en su caso dar explicaciones al Congreso y a su superior jerárquico”, respondió el titular de la Primera Sala del TCA y quien ha llevado el caso GEMTEL, en referencia a que otros dos implicados ya no fueron sancionados.

Insistió en que este y todos los asuntos del TCA se dirimen estrictamente por la vía jurídica y los procedimientos que marca la ley.