Dijo que la Secretaría de la Contraloría espera que el Tribunal Contencioso Administrativo emita una sentencia definitiva del expediente TCA/1aS/54/2010 para materializar la inhabilitación de nueve años como servidor público impuesta a Pedroza Ugarte y exigirle el cobro de la sanción económica de 12 millones 443 mil pesos, por su responsabilidad en la adquisición fraudulenta de una red inalámbrica para el gobierno estatal a la empresa Grupo Empresarial Mexicano de Telecomunicaciones (Gemtel) en el 2006, en los últimos meses de gestión del ex gobernador Sergio Estrada Cajigal.
La funcionaria expresó que en todo momento la dependencia ha cumplido con los procedimientos legales y los lineamientos exigidos por el Tribunal Contencioso Administrativo para sustentar las sanciones impuestas al ex oficial mayor, luego de que un tribunal colegiado le negó el amparo y confirmó su responsabilidad en la compra irregular de la red inalámbrica que tuvo un costo para el erario de 32 millones de pesos.
Sin embargo, la controlara lamentó que a casi tres años de que el caso está en los tribunales, no haya una sentencia definitiva y que se permita el abuso del derecho.
Nuevamente, Mariscal Vega criticó el “comportamiento” del magistrado Martín Jasso Díaz, a quien ha acusado de dilatar el caso en respuesta a intereses ajenos a la administración de justicia.
Incluso, la contralora señaló que es muy extraño que el caso se haya reactivado tras la liberación de Diego Fernández de Cevallos (quien habría sido secuestrado por varios meses) y cuyo despacho representa a Pedroza Ugarte.
“A mí me da pena porque no soy una persona de escándalos, más bien soy una persona de acciones, de trabajo, que no es mi papel andar en los medios ni litigar mucho en los medios, es lo menos que yo desearía simplemente ante esta situación; además es muy extraño porque tenemos justamente el tiempo que el señor Fernández de Cevallos estuvo ‘secuestrado’, entrecomillado porque no me consta, y justamente ahora que regresa echan andar la maquinaria, y hasta en ese han sido poco discretos, han sido obvios y evidentes en su actuación”, dijo en referencia al magistrado Jasso Díaz, quien está a cargo del polémico caso y al que ha responsabilizado de la dilación en la resolución.
Tentativamente este martes el pleno del Tribunal Contencioso Administrativo analizará, y en su caso resolverá si la Secretaría de la Contraloría cumplió con los lineamientos, fundó y motivó la sanción administrativa y pecunaria impuesta a Pedroza Ugarte.
Ante ello, la contralora sostuvo que “esperaría que no nos dieran motivo para solicitar juicio político en contra de los magistrados”, pues señaló que si continúa la dilación y la protección a Pedroza Ugarte no sólo la dependencia solicitaría juicio político sino pediría la intervención del Poder Legislativo, al presumirse actos de corrupción cometidos por algunos miembros del TCA.
