El representante del Poder Judicial confirmó su exigencia de respeto al Poder Judicial y de rechazo a la declaraciones de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien hace unos días acusó que la justicia “se vende, se renta y se prostituye”, tras el auto de libertad dictado en segunda instancia a favor de dos ronderos de Ocotepec y la revocación de las sentencia de 28 años de prisión por la falta de elementos que comprobaran su responsabilidad penal en el delito de violación tumultuaria en agravio de una joven de 21 años.

Falcón Vega dijo ante los medios de comunicación que conoció la resolución del recurso de casación emitida por unanimidad por los magistrados Carlos Iván Arena Ángeles, Leticia  Taboada y María del Carmen Verónica Cuevas López el 3 de diciembre de 2010, y sostuvo que dicho resolutivo está apegado a derecho.

Incluso, el magistrado presidente indicó que ya había sostenido un encuentro con la legisladora para tratar el caso y explicar las consideraciones en que fundamentó el fallo de los juzgadores de segunda instancia.

Manifestó estar sorprendido por las acusaciones de la diputada en contra de los magistrados y del Poder Judicial, por lo que reiteró su llamado respetuoso a Rodríguez Ruiz a preservar el diálogo y evitar las denostaciones.

Señaló que los magistrados merecen respeto y así “como les vamos a exigir, también los vamos a arropar”.

Respeto y tolerancia: penalistas

Por su parte, el ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, Cipriano Sotelo Salgado, señaló que si bien nadie es intocable, debe existir respeto y tolerancia entre las instituciones para preservar el diálogo e intercambio de ideas.

Sobre el polémico caso de los ronderos, el litigante dijo que no puede emitirse un juicio sobre si fue o no correcto al fallo de los magistrados cuando no se conoce los detalles del expediente; sin embargo, expresó que es complicada la labor que desempeñan los juzgadores, pues son susceptibles de cometer errores y sus sentencias siempre son cuestionadas por una de las partes en conflicto, por lógicas razones.

No obstante, dijo que los juzgadores están obligados a actuar conforme a la ley y quien no lo haga así, deberá de afrontar su responsabilidad.