La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades penitenciarias federales y estatales adoptar las medidas cautelares para evitar un repunte de contagios de covid-19 y enfermedades respiratorias, como la influenza, en los penales durante la temporada invernal.
Indicó que de acuerdo con las estadísticas, entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados estuvieron las personas privadas de su libertad, debido a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de reforzar las medidas de prevención.
Indicó que el organismo solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a los responsables de los sistemas penitenciarios estatales, que garanticen el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para personas reclusas y el personal de custodia.
Precisó que en seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares enviadas con anterioridad, y considerando lo expuesto en el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por COVID-19, y la posibilidad de que se enfrente un rebrote de nuevos casos en este periodo invernal, la CNDH consideró imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en estos centros.
Recalcó que las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna.
Pidió considerar la asignación de ambulancias debidamente equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos a las personas privadas de su libertad.
Además, se instó a que se mantenga informadas a las personas que recluidas en centros penitenciarios sobre cualquier medida que se adopte para salvaguardar su salud, la de sus familiares y de las personas defensoras que los visitan, entre otras gestiones.
Por último, la CNDH advirtió a las autoridades penitenciarias que no se podrán alegar falta de recursos económicos como justificación para no atender la solicitud realizada, pues ello derivaría en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en su calidad de garantes.
