Expresó que en el contexto de la lucha contra el crimen y las recientes sospechas de servidores públicos vinculados a la delincuencia, los impartidores de justicia están obligados a dar certeza a la sociedad de que su desempeño es honesto, transparente y apegado a la ley.

Reconoció que “se enfrió” el tema de la aplicación de los exámenes de control y confianza a los consejeros de la Judicatura, quienes meses atrás habían expresado disposición para ser evaluados de manera voluntaria.

El 28 de agosto de 2010, el presidente del Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel Falcón Vega, anunció ante miembros de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos que los integrantes de este órgano se someterían a exámenes antidóping, psicológicos y de polígrafo de forma voluntaria.

Además, extendió la invitación a los magistrados del TSJ para que cada uno decidiera si aceptaba o no someterse a este tipo de evaluaciones.

Incluso, en ese entonces el presidente consejero señaló que el examen de control y confianza sería requisito obligatorio en la designación de los 15 jueces orales que impartirán justicia (hasta el año 2012) en los distritos judiciales segundo, tercero, cuarto y séptimo.

Sin embargo, por supuestos problemas de agenda y presupuesto, los consejeros –que habían asumido el compromiso públicamente- no se han aplicado las evaluaciones.

Cuestionado sobre el tema, el consejero Antonio Tallabs consideró que el tema debe ser retomado a la brevedad, pues no sólo los consejeros sino todos los magistrados y jueces y todo aquel representante popular –diputados, presidentes municipales y regidores- deben ser sujetos a este tipo de evaluaciones.

Dijo que en el caso de los juzgadores éstos deben ofrecer a la sociedad la certeza de honestidad, transparencia y legalidad, así como una prueba de que no son personas adictas o bajo sospecha de colusión con el crimen, sobre todo porque los jueces pronto tendrán la responsabilidad de juzgar casos de narcomenudeo.