La presidenta de esta comisión, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, informó que la mayoría de los gobiernos municipales invierte más en gasto corriente que en proyectos para beneficio de la comunidad; situación que ha causado incluso crisis financiera en una gran parte de las administraciones municipales.

Por lo anterior, dijo que buscará desde el Congreso del Estado exhortar a las autoridades municipales a que impulsen medidas de austeridad, sobre todo en aquellos gobiernos que se encuentran endeudados.

La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social reconoció que como diputados no pueden hacer más a causa de la autonomía de cada Ayuntamiento, pero sí pueden condicionar a las autoridades que buscan la autorización del Congreso para adquirir préstamos a que reduzcan su nómina, de tal forma que se garantice el recurso y se utilice exclusivamente para proyectos en beneficio de la población.

“Sí consideramos que no es adecuado gastar el 70, el 60 por ciento de los recursos en gasto corriente en el pago de nómina. Hay la necesidad de eficientar las labores que se desarrollan pero ésa es una facultad que de acuerdo a la autonomía que los municipios tienen los cabildos y que tienen que ejercer”.

La diputada perredista dijo que, sin embargo, sí intervendrán en el gasto excesivo que se hace en el Poder Judicial para el pago de salarios de trabajadores, pues el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, confirmó que el 95 por ciento del presupuesto anual se aplica al gasto corriente y el resto a capacitación y otros proyectos.

Figueroa Peralta informó que a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública buscarán que la Auditoría Superior de Fiscalización inicie una revisión al Poder Judicial y se vigile que el ejercicio del recurso sea de manera adecuada, y así mismo se tomen medidas para reducir el gasto en nómina.

“Sería importante saber cómo se está gastando el dinero en el Poder Judicial y en un momento dado hacer un pronunciamiento para que sea menos recurso el que se invierta en gasto corriente y más en la cuestión de capacitación, de profesionalización de los servidores que están impartiendo justicia”.