Desde que fueron creados los institutos electorales y los tribunales correspondientes, en todo el país, la designación de los integrantes a través de los organismos de representación popular ha fomentado la partidización de los integrantes, lo que afecta la legalidad y legitimidad de los resultados; así lo advierten diversas expresiones de algunos especialistas. En Morelos, el asunto se complica porque hay que determinar quiénes sustituirán a Hertino Avilés, Óscar Añorve y Fernando Blumenkron, en tiempos en los que ya inició legalmente la contienda para elegir gobernador, alcaldes y diputados, es decir, en febrero próximo.
Para que la democracia sea eficiente, los procesos electorales deben garantizar su conclusión al momento en que se da a conocer el resultado y evitar en la medida de lo posible los periodos postelectorales traumáticos, como los que a nivel nacional se dieron cuando se “cayó y calló el sistema” en julio de 1988, cuando la autoridad electoral la controlaba el gobierno, o la de 2006 cuando una ventaja reconocida de medio millón de sufragios fue insuficiente para disminuir la intención de los seguidores de López Obrador de realizar movilizaciones en la capital del país y en las ciudades más importantes del territorio nacional.
Morelos es la única entidad en donde los funcionarios electorales cubren periodos de 4 años; los magistrados federales son designados por periodos de 9 años y en todas las entidades sus gestiones están entre los 6 y 9 años; aquí apenas cubren una elección y culminan su gestión. Este tribunal laboró para la elección de 2009 y su periodo concluye 4 meses antes de que se realice la siguiente, aunque la ley establece la posibilidad de que se reelijan para un periodo más, y la decisión está en el Congreso.
Los magistrados actuales que rindieron protesta en febrero de 2008 y en 2009 sancionaron la elección constitucional intermedia, en la cual el PRI triunfó en 15 de los 18 distritos locales electorales, luego de cumplir con el proceso jurídico correspondiente, determinaron que ese partido tenía derecho a ingresar a 3 diputados plurinominales, que eran espacios designados para el entonces presidente del PRI Guillermo del Valle, para Laura Ocampo y Víctor Samuel Palma, quien es el actual dirigente del sector popular de esa organización.
Los demás partidos impugnaron la determinación a nivel federal y ahí se revirtió la sentencia. El Congreso quedó integrado por 15 priistas y 15 de las otras fuerzas, y serán todos éstos los que determinen quiénes integrarán el tribunal que sancionará la elección en donde la sociedad ordenará si se arriba o no a la alternancia partidista, condición que obliga a un análisis de fondo sobre la legitimidad de que sea el Congreso quien siga nombrado o no funcionarios, o se incursione en esquemas donde la determinación ciudadana sea directa y definitiva.
Congreso elector
La legitimidad social en torno a la designación de funcionarios desde el Congreso, que se impulsó como principio de democracia hace más de una década, no siempre ha dado los resultados que se esperaban; ejemplo son los escándalos que se han dado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en los últimos años, que no pudieron ser controlados desde el Legislativo, y hoy la confianza social sobre la impartición de justicia es mínima.
A ella se agrega la partidización de la Procuraduría de Justicia del estado durante todo el gobierno de Sergio Estrada, quien nunca logró impulsar por la falta de apoyo del partido en el que militaba en aquella época, Acción Nacional, a un procurador de su total confianza. 2 de los 3 que propuso al Congreso (José Luis Urióstegui y Hugo Bello), terminaron como candidatos a distintos puestos de elección popular por el Partido de la Revolución Democrática, el mismo que lo sometió a un juicio político.
Fernando Blumenkron, basado en estas y otras experiencias, propone que para la designación de magistrados y funcionarios electorales el Congreso analice la posibilidad de ampliar los periodos de gestión de 4 años a 6 ó 9 y que la designación se dé a través de un proceso en el que intervengan los ciudadanos y los especialistas en materia jurídica para romper con la sospecha de partidización de las designaciones y así legitimar las sentencias que tendrán que dictarse cuando los involucrados consideren que se afectaron sus derechos políticos.
Reconoce Blumenkron Escobar que las herramientas jurídicas y administrativas para la realización de la contienda de julio de 2012 han pasado las pruebas de constitucionalidad y se han depurado en la práctica. Ahora debe eficientarse y legitimarse la designación de los funcionarios que las desarrollan, sobre todo si se toma en cuenta que en cada experiencia se acumulan desde los partidos temas que requieren de mayores conocimientos de la aplicación de la ley y sus consecuencias.
El Tribunal Electoral de Morelos logró durante su administración anterior, cuando lo integraban Juan Torres, Ángel Garduño y Pedro Luis Benítez, el 97 por ciento de resoluciones confirmadas por los tribunales federales, lo que advierte el apego a la constitucionalidad de sus resoluciones. La administración actual sólo ha laborado en la elección de 2009; ahí trascienden dos temas: uno es la sentencia con criterio diferente en torno al reparto de espacios plurinominales del Congreso, y el otro, el recuento voto por voto que hicieron en Atlatlahuacan donde la autoridad federal confirmó su dictamen que fue contrario por un sufragio al emitido por el Instituto Estatal Electoral.
Experiencia en Conflictos Post Electorales
En Chihuahua, se bloqueó el puente internacional; en Tabasco, López Obrador se enfrentó e intentó revertir el triunfo de Roberto Madrazo; en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas “catafixió” su triunfo por escaños en el Congreso; en el 2006, otra vez López Obrador intentó a través de la movilización social modificar el resultado anunciado de la elección. Durante un tiempo y antes de que crearan las instituciones ciudadanizadas para la organización y resolución de los procesos electorales, en todo el territorio nacional se aplicaron criterios que socialmente fueron calificados como las “consertacesiones”, sobre todo beneficiando al PAN, hoy partido gobernante desde los gobiernos priistas.
Por ello los especialistas en procesos electorales advierten que a diferencia de las primeras designaciones desde el Congreso, donde para integrar al Instituto Federal Electoral y a sus pares en los estados se privilegiaron los criterios de prestigio y academia al igual que en los tribunales, en la medida en la que avanzan las sustituciones, éstas se han caracterizado por su partidización cada vez más significativa.
La elección de 2012 es un tema recurrente en los discursos de los actores políticos. La certeza, legalidad y legitimidad de la misma no dependen de que se respete el diseño original de la estructura para recuperar la confianza y la credibilidad social; hoy la mayoría de los electores desconfía de los partidos y de los resultados electorales por los escándalos en los que se involucran los protagonistas. Por ello debe garantizarse la imparcialidad de las autoridades electorales.
Durante los próximos meses, corresponde a los 30 legisladores, cuya elección fue calificada por los actuales magistrados, analizar las diversas alternativas para determinar quiénes estarán al frente de ese tribunal. Las alternativas fundamentalmente serían la reelección, la sustitución, o las más compleja y definitiva, la modificación de la designación y el periodo de gestión, para recuperar la confianza afectada en la contienda pasada.
Todos los involucrados coinciden en que integrar un nuevo tribunal trae un riesgo claro, la falta de experiencia práctica ante una jornada en la cual tres partidos políticos tienen hoy igualdad de condiciones y posibilidades de obtener el triunfo, y que sin una estructura sólida, generará un conflictivo proceso postelectoral en contra de quien resultara vencedor y en consecuencia una difícil gestión gubernamental y legislativa.
