Entrevistado sobre los datos obtenidos del Tribunal Superior de Justicia a través de una solicitud de información realizada por La Unión de Morelos y con base en los cuales se concluye que más de una tercera parte de los casos consignados a un juez son perdidos por la Procuraduría General de Justicia por deficiencias de los Ministerios Públicos, el ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas dijo que el proyecto de la justicia oral no es un sistema que se pueda dominar al cien por ciento en un breve tiempo.

Expresó que durante la primera y segunda etapa de implementación del sistema de juicios orales todos han cometido errores, pues es indudable que hay fallas de los Ministerios Públicos, de los jueces y de los defensores, pues “todos estamos en un aprendizaje, interactuando, porque es un sistema totalmente diferente al anterior”.

Sostuvo que a tres años de haberse iniciado el sistema acusatorio adversarial, “veo avances y defectos”, ya que este sistema está diseñado para que en un lapso de cinco años los operadores tengan oportunidad de aprender y corregir las deficiencias, y “estamos considerando que una vez que transcurran los cinco años, debemos de considerarnos expertos. Hoy se cometen errores garrafales que han dejado en evidencia que el sistema puede ser vulnerable pero estamos en el camino del aprendizaje”.

Manifestó que después del primer lustro de implementación del sistema acusatorio adversarial, el margen de error debe reducirse al menos al dos por ciento, pero para ello hay que reconocer que todos han fallado como consecuencia de iniciar con un nuevo sistema de justicia.

Incluso, criticó que dentro hasta el momento los operadores del sistema oral de justicia no lleven a cabo los acuerdos conversatorios, cuya figura jurídica está permitida en la legislación penal para efecto de intercambiar puntos de vista y dirimir divergencias o aclarar dudas de criterios legales.

Cuestionado sobre las fallas que en su opinión han cometido los diversos actores en el proceso de implementación del sistema oral de justicia penal, Sotelo Salgado expresó que por cuanto respecta a la Procuraduría General de Justicia existe la errónea política institucional de dar entrada a todos los asuntos aun cuando en muchos de ellos no hay delito que perseguir, lo cual provoca que los Ministerios Públicos estén saturados de casos y por ello incurran en descuido en cuanto a la investigación de asuntos en los que sí hay evidencia de un ilícito.

En este sentido, consideró que la PGJ debe modificar su política y criterios al respecto, con la finalidad de rechazar los asuntos en que no haya indicios suficientes para presumir la comisión de un delito y permitir que los MP consoliden los casos donde hay evidencias.

El especialista en Derecho Penal criticó severamente a los jueces del Tribunal Superior de Justicia, pues consideró que “hay falta de humildad. Los jueces se creen dioses; no aceptan las discrepancias de Ministerios Públicos y defensores. Los jueces tienen que asumir una nueva actitud”.

No obstante, Sotelo Salgado fue igual de severo en relación al desempeño de los defensores en el sistema penal acusatorio adversarial, en virtud de que principalmente los litigantes particulares están muy atrasados en su capacitación y especialización en juicios orales.

Comentó que alrededor del 90 por ciento de los asuntos en el sistema oral son llevados por los abogados de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado, quienes tienen mayor eficiencia en la litigación de los casos.

En parte, atribuyó este problema de los defensores privados a la escasa capacitación oficial ya que la mayoría de los cursos de formación en el nuevo sistema de justicia fueron canalizados para los abogados y jueces de las dependencias.

Sin embargo, dijo que es necesario que los defensores asuman su responsabilidad para capacitarse y especializarse en juicios orales, que es la nueva materia de trabajo.