En su libro “La Competencia Política”, publicado en 1998, el también ex colaborador del asesinado candidato priista a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio, advertía ya que “a partir de la inequidad en las condiciones de participación de los partidos, y por la insuficiencia de las normas y los recursos legales para desahogar las inconformidades, parte importante del debate fue aludir la deslegitimación generalizada de los procesos comiciales”.
Añade, meses después de creado el IFE y antes de la derrota priista del 2000, que “la descalificación global de las elecciones suponía un aval anticipado al descontento opositor, -desde luego ante resultados que no los favorecieran- y en esa lógica, se presentaba una especie de legitimación de la inconformidad y movilización para impugnar triunfos priistas.
Estas opiniones incluso de los priistas, en torno a la necesidad de legitimar resultados electorales legales, obligó al sistema político a iniciar el proceso de creación de las actuales estructuras electorales, basadas en la capacidad de organización y calificación a través del IFE en lo nacional y el IEE en lo local, así como los tribunales para sancionar el respeto y cumplimiento de las normas legales vigentes, que se desarrollan en una historia en donde se advierte que los Congresos aprueban y proponen modificaciones, mas presionados por los acontecimientos temporales que soportados en un proyecto democrático definido, hay que recordar que es hasta 1996 cuando el gobierno entonces encabezado por Ernesto Zedillo, cuando se decide atender un reclamo que la sociedad lanzó, luego de la caída del sistema electoral en julio de 1988, en la que fue la primer gran derrota del PRI cuando su candidato era Carlos Salinas de Gortari.
El 20 de marzo de 1994, Jorge Carrillo Olea como candidato del PRI logra un total de 281 mil sufragios, de un total de 480 mil, lo que le significa el 61 por ciento; Julián Vences del PRD, obtiene 90 mil que le significan el 22 por ciento y Luis Miguel Santamaría Morales, por el PAN obtiene 36 mil 500 votos para el 9 por ciento del total de la elección; 6 años y 4 meses después, el resultado fue diferente, en esas condiciones Carrillo Olea, convocó a los ex candidatos de otras fuerzas a trabajar en su gobierno, Santamaría fue director del Invimor y luego fue encarcelado por fraude, Julián Vences, nunca aceptó ningún cargo, luego sería el líder del partido que se atribuye la caída del depuesto General.
Ernesto Zedillo, fue candidato priista luego de que el 23 de marzo, en la colonia popular de Lomas Taurinas en Tijuana Baja California, fuera asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, y al igual que su antecesor Carlos Salinas, tuvo que tomar decisiones que legitimaran su arribo a la residencia oficial de los Pinos; a través de la Secretaría de Gobernación ordenó que se iniciaran los trabajos para lograr una Reforma Política a través de un diálogo con los partidos que tenían representación en el Congreso, esto dio como resultado, El Acuerdo Político Nacional, del 17 de enero de 1995, a menos de 2 meses de rendir protesta.
Así se inicio el encuentro de ideas entre las fuerzas políticas que dio paso al surgimiento del Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal en la materia, el proceso no fue fácil, estuvo sometido a los acontecimientos de aquella época, el 26 de abril el Partido de la Revolución Democrática se retiró de negociación para la reforma política, argumentando la falta de solución al conflicto postelectoral de Tabasco, en la contienda en la que luego de manifestaciones y desencuentros, Roberto Madrazo asumió la gubernatura, sobre el intento de Andrés Manuel López Obrador un ex priista, impulsado por el PRD, de llegar a esa posición.
El Partido Acción Nacional, determinó abandonar el mismo espacio, el 18 de junio, argumentando irregularidades en la elección de Yucatán, en donde aseguraban que su candidato había logrado la mayoría de los votos, fue hasta que intervino la Comisión de Concordia y Pacificación a través de un documento llamado, “Reiniciar el Dialogo para la Reforma del Estado una Exigencia Nacional”, que el 16 de agosto, ambos institutos políticos suscribieron un documento titulado “Diez Puntos Fundamentales para la Reforma Electoral”, lo que marcó la pauta para la continuación de las negociaciones entre los partidos y el gobierno federal.
El nivel de presión social y política que sobre el gobierno existió durante la época en la que se crearon las estructuras electorales, puede establecerse entendiendo que el mismo día en que México, iniciaba una participación globalizada en lo económico, a través de la entrada en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el primero de enero de 1994, en la Selva Lacandona de Chiapas, un grupo que se auto designó, como el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y su emblemática figura, el Sub Comandante Marcos, tomaban bajo su control una área del Estado de Chiapas, y desde ahí expusieron ante el mundo un México inmerso en la pobreza y la marginación, a los 3 meses, era asesinado el candidato priista a la presidencia de la Republica Luis Donaldo Colosio.
A finales de ese año, Ernesto Zedillo, protestaba como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que en Morelos, en mayo Jorge Carrillo Olea, había iniciado su gestión como gobernador de Morelos.
De origen militar, Carrillo Olea, por un lado propondría en 1996, la creación de las estructuras electorales ciudadanizadas colocando en lo legal a Morelos a la vanguardia en democracia, como lo reconocerían en su momento los representantes de las diversas fuerzas políticas, en tanto que en lo social, los conflictos quedaban fuera del control de su oficina y las de sus colaboradores, como pasó con la intención de un grupo de empresarios de construir un desarrollo inmobiliario, llamado Club de Golf Tepoztlán y el éxodo de inversionistas a consecuencia del incremento incontrolable de secuestros en contra de empresarios locales.
En lo económico tenía serios tropiezos, entre los que destacaron la frustración de su intento por crear una Ciudad de la Confección, en el municipio de Emiliano Zapata, sobre un predio de más de 130 hectáreas, donde el anterior gobierno había proyectado una gran central de abastos dedicada a atender las necesidades de insumos en Morelos y el norte de Guerrero, sin necesidad de acudir a la Ciudad de México.
Estos y otros motivos, contribuyeron a que en 1997, cuando por primera vez las elecciones fueron organizadas por un instituto ciudadanizado, el PRI dejara de ser una estructura hegemónica y con control mayoritario del Congreso, para así iniciar un proceso que todavía no concluye, y que junto con los otros partidos pretende convertirlos a cada uno en una organización de alta competencia política, como lo propuso el político morelense Samuel Palma en su libro editado en 1998. La elección del 2012 será para esas organizaciones un examen a presentar ante la sociedad sobre los avances logrados por cada uno de ellos.