El magistrado Andrés Hipólito Prieto, integrante de la comisión para estudiar el caso, en la última sesión del pleno de este año dijo que hasta inicio del 2011 se pondría a consideración la propuesta para dirimir el asunto de la queja administrativa.

De acuerdo con el análisis jurídico realizado hasta el momento por la comisión, integrada por tres magistrados, el caso podría turnarse al Congreso que es la autoridad responsable constitucionalmente para designar a los miembros del pleno del TSJ.

Lo anterior bajo la hipótesis de que los magistrados no pueden juzgar y sancionar a otro magistrado por tener la misma jerarquía, y en todo caso como autoridad superior y responsable de la designación de los integrantes del pleno del TSJ, toca al Congreso asumir la resolución del caso.

La magistrada Virginia Popoca González fue acusada de incurrir en supuestas irregularidades en el desempeño de su cargo, luego de que un ciudadano promovió una queja porque supuestamente la funcionaria judicial habría obtenido y retenido de manera ilegal expedientes de juicios civiles.

Se espera que la comisión integrada por los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Verónica Cuevas López y Leticia Taboada al regreso del periodo vacacional defina las conclusiones que presentará al pleno.