En menos de dos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Ayuntamiento de Puente de Ixtla  su tercera suspensión contra una orden de destitución del Cabildo, emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por desacato judicial.

Dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016, la Tercera Sala del TJA, ordenó la destitución e inhabilitación por tres años del alcalde, Mario Ocampo y la síndico, Verónica Torres Rebollar, así como los regidores Israel Alemán Cárdenas, Gilberto Rojas Cárdenas, Ramiro Macedo Domínguez, Cristóbal Acevedo Aguirre y Rubén Morales Ozaeta.

Anteriormente, el Ayuntamiento de Puente de Ixtla había tramitado ante la SCJN las controversias constitucionales 323/2019 y 5/2020, en las que controvirtió los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (que faculta a las salas y el Pleno del TJA para destituir e inhabilitar a servidores públicos que no acaten sus sentencias), con motivo de la emisión de las resoluciones de 30 de agosto y 19 de noviembre de 2019, dictadas, dentro de los expedientes TJA/3As/09/2017 y TJA/3ªS/57/2016.

La tercera orden de remoción e inhabilitación de todo el Cabildo orilló  al síndico municipal a iniciar otra controversia constitucional y solicitar la suspensión concedida para mantener en sus cargos de representación popular a los siete representantes populares.

Gracias a la promoción de los recursos de control constitucional, el Pleno de la SCJN ha declarado la invalidez de las normas impugnadas pero aplicable exclusivamente para las partes actoras, lo que ha permitido a varios alcaldes y Cabildos conservar su investidura  y concluir su mandatos.