El Congreso finalmente concedió la prórroga solicitada por el Poder Judicial en cuatro distritos.

El Congreso del Estado autorizó aplazar un año la culminación de la tercera y última etapa para la instalación del sistema acusatorio adversarial en todo el estado y dar tiempo al Poder Judicial para que concluya la infraestructura y preparación del personal para avanzar correctamente.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, Andrés González García, explicó que seis meses, como lo solicitó en su prórroga el Tribunal Superior de Justicia, no serán suficientes para concluir con lo necesario para impartir totalmente la justicia oral en Morelos, por lo que se ampliará hasta febrero del 2012.

Dijo que mientras los juzgados de Jonacatepec, Jojutla y Puente de Ixtla no estén concluidos y tampoco se tenga a los jueces y personal preparados, no se podrá lograr en su totalidad la instalación del sistema acusatorio adversarial.

“Las complicaciones serían que por falta de presupuesto asignado a esta situación, faltarían capacitaciones, faltarían las salas para poder hacerlo. Falta todo un entramado que se tiene que hacer precisamente para darle la certeza a los jueces que tendrían que estar al frente”.

González García dijo que se debe reconocer que las instancias de procuración e impartición de justicia no estaban preparadas para este sistema cuando, en el 2008, el Congreso del Estado lo adoptó.  Aunque aseveró que no se trata de buscar responsables, sino de avanzar en el tema para concluirlo en el tiempo que se fijó este miércoles.

El plazo para concluir con la instalación del nuevo sistema en Morelos era febrero del 2011; sin embargo, el Congreso del Estado determinó prorrogarlo hasta febrero del 2012, cuando se tenga todo listo para cumplir con una disposición que se dio a nivel federal.

Cabe recordar que en Cuernavaca y Cuautla los juzgados orales ya funcionan desde el 2009, luego de que el gobierno del estado propuso la adopción del nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial, tal y como lo determinó el gobierno federal para todo el país.