Con 21 votos a favor y 3 abstenciones diputados locales del PRI cumplieron su advertencia y con el apoyo de las fuerzas políticas minoritarias designaron como titular de la Auditoría Superior de Fiscalización a Luis Manuel González Velázquez, quien hasta ayer fungía como director general de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Luis Miguel Ramírez Romero, afirmó que su rechazo a votar por la salida de Casamata Gómez no es porque se intentó proteger al ex funcionario, sino porque el cambio fue realizado por el grupo del PRI para apoderarse de un órgano tan importante como el fiscalizador.
Aseveró también que esto revela un pago de facturas pendiente del PRI hacia una persona que apoyó en la campaña de quien es ahora dirigente del PRI estatal, Amado Orihuela Trejo, al referirse a Luis Manuel González Velázquez.
“Ahí se ve al nuevo PRI, que se agarra una posición de gobierno que debería ser imparcial y que es ya un pago de factura. No se trata de defender a una persona sino defender la legalidad”, manifestó el también presidente de la Junta Política y de Gobierno.
El punto de acuerdo que se votó para la destitución de Casamata Gómez se basó en lo que marca la Constitución estatal y que en uno de los artículos refiere que quien está sujeto a un procedimiento legal se le eliminan todos los derechos civiles y políticos, y por tal razón el ahora ex auditor no podía mantenerse en su cargo.

Sin embargo, Ramírez Romero advirtió que la decisión de los diputados podría venirse abajo, toda vez que el auditor fue designado por el pleno legislativo hasta el 2015 y se prevé que sólo por juicio político podría ser destituido.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública Rabindranath Salazar Solorio aseguró que nada de lo anterior ocurrirá, ya que sólo se trata de una suspensión, en tanto Gerardo Casamata Gómez resuelve su situación legal por el delito de informes falsos dados a una autoridad.

Afirma Casamata Gómez que no se quedará con los brazos cruzados
Al conocer de la determinación de la mayoría de los diputados, Gerardo Casamata Gómez, suspendido de su cargo de auditor, informó que interpondrá un amparo en contra de la decisión del Congreso del estado.
Dijo que el recibió su nombramiento por el pleno legislativo y firmado por la Mesa Directiva hasta el 2015, por lo que los diputados violaron sus garantías.
“Ellos son los diputados y se supone que actúan en el marco normativo, acataré la determinación pero también me defenderé e interpondré un amparo, el cual ya estamos preparando con mi abogado para actuar de inmediato”.
Casamata Gómez dijo que el Congreso del estado no tenía porqué moverlo de su cargo, aun con una orden de aprehensión en su contra, ya que sus derechos civiles nunca fueron suspendidos.