Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y diversas leyes para eliminar la pensión vitalicia a fiscales, modificar las disposiciones para asignar presupuesto a la FGE, crear la figura de fiscal en retiro y devolver al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia la administración de los centros de asistencia social  o albergues y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tras las cascada de críticas que recibió la legislatura anterior por sus reformas discrecionales, los actuales diputados concretaron una contrarreforma por la que se eliminó la pensión vitalicia al fiscal general y los fiscales especiales anticorrupción y antisecuestro.

Además, se creó la figura de “fiscal en retiro” que permitiría sólo a quien fuese nombrado como titular de la FGE portar arma de fuego de por vida para su salvaguarda personal y familiar, con la única condicionante de cumplir con los requisitos legales para  poseerla.

“El Fiscal en Retiro tiene el derecho de portación de arma oficial de forma vitalicia, siempre y cuando cumpla con las formalidades que establecen las leyes aplicables”, estableció el decreto de contrarreforma.

Tanto el fiscal general como los fiscales especiales contaron con protección, “con el fin de salvaguardar su integridad física y la de sus familias, a partir de que dejen el cargo por cualquier motivo, contarán con el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo que desempeñaron sus respectivos cargos; transcurrido dicho plazo, este irá disminuyendo o será retirado definitivamente, en razón de lo que acuerde el Fiscal General, de acuerdo a las circunstancias personales y de riesgo de cada ex funcionario”.

Otra de las contrarreformas importantes fue la que eliminó la obligación de asignar el siete por ciento del presupuesto total estatal anual a la FGE, pues si bien los diputados consideraron relevante que la fiscalía cuente con recursos suficientes para ejercer su autonomía y cumplir con su responsabilidad, también consideraron excesiva la cantidad asignada.

Por lo tanto, determinaron que el presupuesto anual que reciba la FGE no podrá ser inferior al del año anterior inmediato.

Esto significa que si en el 2019 recibió 734 millones de pesos, en el próximo ejercicio fiscal la cantidad no podrá ser inferior.

El Congreso precisó que en el 2019 le fueron restados a la FGE 50 millones de su presupuesto (al pasar de 784 millones a 734), debido a que nunca ejerció de hecho o derecho ni el presupuesto ni la directiva de los centros de asistencia social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que en la anterior reforma le fueron retirados al DIF Morelos para adscribirlos a la fiscalía y que hoy, con la contrarreforma, regresan al jurisdicción del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Al entrar en vigor la contrarreforma, el gobierno de Morelos, el DIF Morelos y la FGE deberán de realizar adecuaciones a los reglamentos y manuales internos dentro de un plazo no mayor a los 90 días hábiles, y no habrá afectaciones a los procesos administrativos en curso ni a las condiciones laborales de los trabajadores.