La partida general que requiere el TSJ para el próximo año es de 844 millones de pesos
El pago de pensiones a los trabajadores judiciales jubilados dependerá de que el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso incluyan en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 una partida financiera suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia cumpla con la obligación laboral.
Así lo informó la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, debido al reciente relevo en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, comenzó con requerimientos a las autoridades responsables para dar cumplimiento a decenas de controversias constitucionales en las que, básicamente, se ordenó etiquetar recursos para el pago de las pensiones y, en otros casos, emitir nuevos decretos ya con presupuesto asignado para que los trabajadores en retiro puedan disfrutar su jubilación.
Si bien es cierto que el gobierno del estado realizó diversas trasferencias para dar cumplimiento a varias sentencias del tribunal constitucional, todavía hay trabajadores judiciales en retiro en espera de pago.
A algunos se les adeuda la pensión desde que entró en vigor su jubilación, a otros, parte de ella y, varios más están a la espera de que el Congreso emita los nuevos decretos con presupuesto asignado.
Debido a ello, el mismo Poder Judicial informó que en su proyecto de presupuesto incluyó una partida ex profeso para la nómina de personal en retiro y solicitó la intervención de la SCJN para que se requiera al Poder Ejecutivo de la entidad que destine en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2019 el monto necesario para el pago de las pensiones, para dar cumplimiento a las sentencias del tribunal constitucional.
De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones 367 mil 015 pesos. Adicionalmente, solicitó 166 millones 038 mil 466 pesos para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de los trabajadores judiciales.
