Afirmó que legalmente está imposibilitado para realizar un pronunciamiento o ventilar públicamente el caso Pedroza Ugarte porque se encuentra bajo juicio.

Consideró inapropiada la petición que Mariscal Vega hizo a los diputados para que los llamen a comparecer, pues existe una división de poderes que impide al Congreso llamarlo a comparecencia. No obstante, afirmó estar dispuesto a acudir al recinto legislativo en caso de que haya una invitación de por medio para abordar expresamente este caso.

“Constitucional y legalmente existe una división de poderes, y por ende bajo esta premisa que solicita la contralora no es dable que yo sea citado. Más sin embargo, enfatizo que en caso de que ellos, bajo la representación popular que tienen, me inviten a comentar ese asunto en particular, lo haré para que de una vez por todas la representación popular, traducida en la Cámara de Diputados, se entere del cúmulo de incidencias que rodean este asunto y se puedan percatar de dónde viene la ineficiencia y la ineficacia en el trámite de los asuntos. Porque se están diciendo verdades a medias y no la verdad absoluta. Pero insisto, no voy a referirme ni a refutar las afirmaciones de la contralora por el respeto a mi investidura y a la Judicatura”, dijo.

E insistió: “Por lo que hace a mi labor de magistrado, no está en mí producir una respuesta a la contralora porque mi cargo es de tal respeto y tal naturaleza que debo de ocuparme por el cargo que se me dio como magistrado. Yo no puedo ocupar mi labor en dilucidar las diferencias jurisdiccionales ante los medios de comunicación, porque el pueblo morelense merece un respeto a saber en su momento las cuestiones que se dilucidan aquí”.

Además, aclaró que la Primera Sala ha conocido el segundo juicio promovido por el ex funcionario estatal debido a que el 6 de noviembre de 2007 el pleno del TCA emitió un acuerdo en el que se estableció que los expedientes ingresados serán remitidos a las salas donde haya un antecedente.

Cabe destacar que las diferencias entre el magistrado y la secretaria de la Contraloría se remontan hace casi un año luego de que Jorge Mario Arregui Uribe y Gloria Everthsol Flores Domínguez, ex director general de Recursos Materiales y Control Patrimonial y ex encargada del Despacho de la Dirección General de Modernización del gobierno estatal, obtuvieron un amparo que los deslindó como responsables de la compra fraudulenta de la red inalámbrica, y se deslindó toda la responsabilidad sobre el ex oficial mayor del gobierno estradista, Alfonso Pedroza Ugarte, por la compra fraudulenta e irregular de una red inalámbrica para el gobierno estatal, que tuvo un costo de 32 millones de pesos.

El 1 de septiembre pasado el pleno del Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Secretaría de la Contraloría emitir un nuevo resolutivo para fincar sanciones al ex funcionario estatal como único responsable de la adquisición irregular de la red.

Sin embargo, la secretaria de la Contraloría en varias ocasiones habría incurrido en omisiones para justificar y motivar las sanciones a Pedroza Ugarte (nueve años de inhabilitación para ejercer como servidor público en Morelos y una multa de más de 12 millones de pesos), por lo cual el TCA requirió subsanar dichas lagunas para dar finalmente por cumplida la sentencia.

No obstante, Pedroza Ugarte promovió un segundo juicio de nulidad para combatir las sanciones impuestas por la Secretaría de la Contraloría. Este proceso actualmente se encuentra en el periodo de pruebas.