Durante la sesión ordinaria del pasado 7 de octubre en la Cámara de Diputados federal, se aprobó por mayoría de votos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Al respecto, el gobernador morelense dijo que se trató de una reforma largamente esperada, fundamental dentro del equipo institucional que el país necesita para darle nuevos elementos a las instituciones de seguridad y de justicia para que puedan combatir el secuestro, que es un delito muy doloroso para la sociedad.

“Una y otra reforma. Una, hoy iniciativa, la otra, reforma ya en proceso a punto de ser enviada a la presidencia de la república para su publicación; son dos de las líneas de acción que el país necesita para mejorar sus capacidades para el combate a la delincuencia”, expresó Marco Adame.

La Ley Antisecuestro en México establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas, también establece que las penas se incrementarán de 25 a 50 años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima, durante el cautiverio se lesione a la víctima.

Marco Adame precisó que en Morelos ya se logró la regionalización de las estructuras policiales, lo que supone una mayor coordinación, mejor enlace y comunicación en las acciones que se requieren para apoyar las necesidades de seguridad de los ciudadanos.

“Reconozco que no es un proceso sencillo, tampoco rápido. Se ha estimado un costo inicial de más de 2 mil millones pero finalmente es más caro dejar al país sin recursos institucionales, reformas que necesita, que cualquier inversión pública que un cambio de esta naturaleza incluye”, expresó.

El jefe del Poder Ejecutivo en Morelos aplaudió que el presidente Felipe Calderón Hinojosa haya enviado al Congreso de la Unión la iniciativa que da paso a la creación de la policía única en cada entidad y la debida coordinación entre estas policías estatales con mando único con el gobierno federal.

Al respecto, agregó que en los estados de la república habrán de ocurrir las reformas necesarias para que, una vez hecho este cambio, se puedan instalar en cada entidad esos nuevos modelos policiales y también las nuevas fortalezas para combatir el secuestro y otros delitos.