La elección de nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia está prevista para el 17 de mayo.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que “sería una cuestión inmoral” que la actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, pretenda reelegirse como representante del Poder Judicial.

Durante la ceremonia de conmemoración de la erección del estado de Morelos, a pregunta expresa de los medios de comunicación, Cuevas López respondió escuetamente que no descarta la posibilidad de reelegirse.

En respuesta, Arenas Ángeles –quien ha sido abiertamente crítico de la gestión de la titular del TSJ– consideró que “sería una cuestión inmoral que Cuevas pensara en reelegirse” porque no ha defendido la autonomía ni la independencia del Poder Judicial, y como servidora pública no se ha conducido con transparencia, honestidad, profesionalismo, objetividad, imparcialidad ni rendición de cuentas.

Dijo que estos principios constitucionales no han sido practicados por la magistrada, quien durante su gestión ha provocado “una crisis muy fuerte al interior del TSJ porque no sólo se ha atentado contra los derechos de los trabajadores, sino que se ha atentado contra la dignidad de las personas. Es muy desafortunado que esto se tenga que hacer del conocimiento público”.

Iván Arenas se descartó como aspirante a la presidencia del TSJ, pero afirmó que “sí haré una campaña de concientización con mis compañeros magistrados para que hagamos un análisis y valoración del trabajo que viene realizando la magistrada presidenta”.

En víspera de la elección del nuevo titular del TSJ, prevista para el 17 de mayo, criticó la endeble defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial por parte de Cuevas López ante las reformas que modificaron su estructura y funcionamiento, entre ellas la extinción del Consejo de la Judicatura.

Lamentó que durante su gestión la presidenta haya optado por controvertir cada uno los decretos de jubilación de los trabajadores para postergar los pagos, en lugar de promover una sola controversia constitucional para exigir al Congreso una partida presupuestal a fin de hacerles frente a las pensiones.