El cambio de adscripción es una represalia por su postura crítica contra la presidencia del TSJ, considera
Cuernavaca, Morelos.- Un juzgado federal otorgó una suspensión al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, para evitar su cambio arbitrario de adscripción de la Sala del Segundo Circuito en Jojutla, a la Sala del Tercer Circuito en Cuautla.
De acuerdo con la demanda de amparo 481/2018, radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito, se otorgó al juzgador la suspensión provisional para evitar que se ejecute el cambio de adscripción en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.
Para Arenas Ángeles, su cambio arbitrario de adscripción, que partió de una solicitud inusual del magistrado Valentín González para ser cambiado a la sala de Jojutla, es una represalia de la titular del TSJ, Carmen Verónica Cuevas López, frente a quien ha asumido una postura crítica en diversos temas.
“La razón por la cual considero que pretenden mi cambio de adscripción es por motivo de los constantes señalamientos que he realizado al dar a conocer diversos actos de ilegalidad, arbitrariedad y de represión laboral cometidos por la magistrada presidente Carmen Cuevas en contra de jueces, secretarios y demás funcionarios judiciales; así como en contra de los trabajadores sindicalizados y de los jubilados, de ahí que mi cambio de adscripción es una muestra más de la arbitrariedad que impera al interior del Tribunal Superior de Justicia”.
Recordó que él mismo evidenció que Cuevas López fue la principal beneficiaria de la reforma constitucional que amplió a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial, pues su periodo original como magistrada concluía en junio del 2019.
“De ahí que pactó un beneficio particular en perjuicio de la institución, con el ánimo de poderse reelegir como presidente del tribunal. Su trabajo al interior del tribunal ha sido para otorgar concesiones a los magistrados, pues a más de uno le han sido contratados sus familiares, incluso la magistrada Cuevas cuenta con varios familiares ya en la nómina del tribunal”, espetó.
Recalcó que está en manos de la justicia federal determinar si fue legal o no remover de su adscripción, la cual vencía hasta el 31 de Julio del 2018.
