La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH Morelos) informó que se triplicaron las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos y exigió al Estado mexicano garantías para ejercer esta actividad.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la organización civil e impulsora de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, relató que en el primer año del gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto, se cometieron 189 agresiones contra defensoras, pero en el 2016 el número de ataques se triplicó al registrarse 550 casos.
Al dar conocer las conclusiones del Conversatorio Nacional de Defensoras, en el que participaron representantes de 12 estados del país, señaló que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente.
Consideró necesario fortalecer la perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado.
Durante el encuentro, una de las conclusiones y principales preocupaciones es el aumento de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, quienes han salido a las calles en defensa de la tierra y el territorio, por la presentación de los desaparecidos, contra el feminicidio y la violencia institucional, que en los últimos años alcanzó niveles alarmantes.
“En este conversatorio concluimos que México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron un mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo: un mil nueve, 738 y 173, respectivamente”, recalcó.
A este torbellino de terror, dijo, “hay que agregar que 22 de nuestras compañeras defensoras han sido asesinadas en lo que va del actual sexenio y 22 más han padecido intentos de asesinato”. Además, en el 35% de los casos de agresiones contra defensoras registrados entre 2013 y 2016, hay claros elementos de discriminación por motivos del género.
García Quintanilla exigió al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la seguridad de las defensoras, porque lamentablemente los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no funcionan adecuadamente.
Por ejemplo, expresó, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se ha establecido en una docena de estados, sin que se apliquen las medidas ordenadas, prevaleciendo la simulación que no permite enfrentar de manera urgente las violencias para investigarlas, para proteger, sancionar y erradicar el feminicidio y las distintas violencias que viven las mujeres.
“Las mujeres defensoras de México confiamos en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras propias estrategias y mecanismos de protección. Esa es nuestra gran apuesta. Al Estado mexicano le demandamos que cumpla con su deber de garantizar nuestro derecho en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad.
“Mejor dicho, le exigimos que deje de violentarnos, ya que de acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en el sexenio actual 631 agentes del Estado nos agredieron”, sostuvo.
