El abogado y magistrado designado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Guillermo Arroyo Cruz, interpuso una denuncia contra los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, por permitir que continúe en funciones de magistrado Rolando Aguilar Lozano, quien recientemente perdió el juicio de amparo promovido contra su retiro forzoso.

Detalló que la denuncia la presentó el martes ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción contra los cinco magistrados del TJA pero, particularmente, contra Aguilar Lozano, ya que no hay justificación legal para que permanezca en el cargo, luego de que hace casi dos meses un juez de distrito negó la protección de la justicia federal.

“En virtud de una suspensión que originalmente le concedió el Juzgado Octavo de Distrito, él se mantuvo hasta el día 10 de septiembre, que finalmente se resolvió el amparo que promovió, ya con todos sus recursos legales, y se le negó en su totalidad la protección del amparo que había solicitado. Esto tiene efecto de que la suspensión también pierde tal calidad”, dijo.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución de Morelos, uno de los siete requisitos para poder ser magistrado del Poder Judicial local es “no tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación”.

Orlando Aguilar fue ratificado como magistrado en abril de 2012 por un segundo periodo de ocho años, bajo la premisa de que su permanencia en el cargo estaría limitada al tope máximo de edad fijado en la norma constitucional.

El 29 de octubre de 2016, justo el día que cumplió los 65 años, el juzgado federal le concedió al magistrado la suspensión para permanecer en el cargo hasta la resolución de fondo del juicio de amparo.

El principal agravio esgrimido por Aguilar Lozano en el juicio fue presunta discriminación, al privarlo por razón de la edad de continuar en su cargo lo que, a luz de las reformas al artículo 1 de la Constitución de México, era violatorio de sus derechos humanos.

Aun cuando el proceso judicial estaba en curso, la LII Legislatura lanzó una convocatoria para designar al sucesor de Aguilar Lozano. El elegido fue el litigante Guillermo Arroyo Cruz, a quien los diputados no pudieron tomar protesta debido a que así lo impedía la suspensión federal.

Según Guillermo Arroyo, quien reclamó al Congreso darle posesión, “nosotros consideramos que se cometen delitos contra la administración de justicia y por estos delitos es por lo que se denuncia al magistrado en particular y al resto de magistrados del TJA”, y advirtió que las resoluciones emitidas por la Segunda Sala del TJA, a la que está adscrita Aguilar Lozano, podrían ser impugnadas por esta razón.

El magistrado Aguilar Lozano hasta el momento no ha fijado postura al respecto, sin embargo hay en desahogo un segundo juicio de amparo que el juzgador había promovido, en busca de obtener un retiro decoroso.

En su momento, el magistrado aseguró que dejaría la magistratura cuando el Congreso le garantizará una pensión digna y en condiciones similares a las otorgadas a magistrados antecesores.