Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitará un incremento del 35% de su presupuesto para el próximo año, con el propósito de hacer frente a la cascada de jubilaciones de funcionarios y trabajadores judiciales, así como concretar diversos proyectos de innovación y mejora en la impartición de justicia.
María del Carmen Cuevas López, magistrada presidenta del TSJ, detalló que en los últimos cuatro años la institución no ha tenido incremento a su presupuesto y la escalada de jubilaciones ha puesto en aprietos las finanzas del tribunal, pese que se han hecho ajustes para cumplir con las obligaciones laborales.
Indicó que la propuesta de presupuesto del TSJ para el próximo año es de aproximadamente 900 millones de pesos, es decir 314 millones más, “porque de manera responsable tenemos que atender las necesidades del propio Poder Judicial, los proyectos que tenemos en trámite, entonces el presupuesto ha sido el mismo y hoy con tantas jubilaciones pues resulta que ya nos es suficiente”.
Adelantó que el reciente decreto emitido por el Congreso local y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual se concedió la pensión por jubilación al 100% del salario que percibía Ricardo Rosas Pérez como magistrado presidente del TSJ, será impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para efecto de que, al igual que otros decretos jubilatorios rebatidos, el Poder Legislativo destine una partida específica.
De acuerdo con el decreto, Rosas Pérez deberá recibir el pago de su pensión retroactiva al 1 julio de 2010 (cuando culminó su periodo) a la fecha, con lo cual el TSJ adeuda al magistrado en retiro más de 12 millones de pesos y lo que se acumule.
Pese a la coyuntura electoral y la contingencia por los daños provocados por el fuerte sismo registrado el pasado 19 de septiembre, Cuevas López confió en que el próximo año mejoren las finanzas de la institución, de lo contrario el Poder Judicial analizaría los diversos escenarios y recursos para la defensa de su presupuesto y autonomía.
Agregó que se han hecho los ajustes financieros posibles para evitar el colapso presupuestal, pero insistió en que es necesario que en el 2018 la institución cuente con recursos suficientes para hacer frente a los retos de la impartición de justicia y cumplir con las obligaciones contractuales con trabajadores.
