Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá pagar una  millonaria suma al ex magistrado Ricardo Rosas Pérez, al entrar el vigor el decreto legislativo por el cual se le concedió su pensión con jubilación después de siete años de haber culminado su periodo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de jubilación de Rosas Pérez, quien después de una larga batalla legal que le fue adversa para mantener la inmovilidad en el cargo, finalmente en julio de 2010 por fallo de la Suprema Corte de Justicia  (SCJN) se vio obligado al retiro forzoso.

En el decreto legislativo, los diputados concedieron la pensión por jubilación al 100% del último salario devengado a Rosas Pérez, es decir como magistrado y presidente del TSJ, y el cual equivalía a más de 100 mil pesos mensuales.

A esto se suman tres meses de aguinaldo y otras cuantiosas prestaciones que reciben tanto los magistrados en retiro como en activo, y que anualmente se incrementa conforme aumenta el salario mínimo.

Según el Legislativo, el otorgamiento de la pensión en calidad de magistrado presidente a Rosas Pérez obedece al cumplimiento de la resolución del juicio de amparo en revisión 486/2016, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con sede en Cuernavaca.

La pensión por jubilación, dice el decreto, deberá pagarse retroactivamente al 1 de julio de 2010 (fecha en la que culminó su encargo) y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal destinada al pago del personal en retiro.

Estos significa que el TSJ, actualmente presidido por la magistrada Carmen Cuevas, deberá pagar a Rosas Pérez más de 12 millones de pesos, correspondientes al periodo de julio 2010 a septiembre 2017, más los pagos sucesivos de la pensión mensual, el aguinaldo de este año y demás prestaciones que históricamente los magistrados se han autoasignado

Este decreto mina las finanzas del TSJ, quien desde hace más de un año ha interpuesto casi 150 controversias constitucionales contra decretos jubilatorios de altos funcionarios y empleados judiciales, alegando -entre otros puntos- la falta de presupuesto para hacer frente al pago de pensiones.

Además, la titular del TSJ y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial mantienen una batalla legal, ya que en el 2016 y en el 2017 los trabajadores de base no recibieron aumento salarial.

Recientemente, en plena contingencia por el sismo de 7.1 grados que en Morelos dejó a centenas de familias sin hogar, y de una austeridad obligada por la escasez de recursos en el TSJ, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura aseguraron sus viáticos, seguro de vida, bonos de despensa y hasta beneficios fiscales para pagar menos impuestos, con el acuerdo por el cual el Consejo de la Judicatura expidió los Lineamientos de las Remuneraciones y Percepciones del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2017.