En México, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, hay más de 25 mil personas desaparecidas, y la cifra podría ser mayor por los casos que no son denunciados.
Esto fue expuesto en conferencia de prensa que ofrecieron representantes de las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, quienes conmemoraron este miércoles el Día Internacional Contra la Desaparición Forzada.
Destacaron que hay un movimiento nacional de la sociedad civil que impulsa modificaciones a la Ley General Contra la Desaparición Forzada para que se incorporen sus propuestas.
Algunas de ellas emanaron de familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el Pacto decidió responder al llamado de los padres de los normalistas.
Explicaron que “la desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros pueblos. El Comité de Desapariciones de Naciones Unidas señaló que ‘la información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas’”.
Refirieron que la propia Secretaría de Gobernación reconoció que, al 31 de diciembre de 2014, había en México más de 25 mil 230 personas desaparecidas, sin contar la enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos.
Dijeron que tienen claro que una nueva ley o sus reformas no solucionarán la crisis que vive México en este rubro, porque se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación. Pero consideraron que es fundamental contar con un marco legal que proporcione herramientas para encontrar a las y los desaparecidos.
Informaron que dicha ley debe contener los siguientes principios: “reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad; la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos y las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesario para encontrar a todas las personas desaparecidas”.
Se debe garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.
Destacaron que, además, dicha ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.
“Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas”, y para ello debe tener varias características, entre ellas las siguientes: “ser una ley integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática; en ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida, para que sea reconocida como sujeto de derecho”.
Asimismo, debe ser autoaplicativa, para que, con su entrada en vigor, se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.
También “debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro. La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes y tener un enfoque trasnacional. Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género”.
De manera especial, los representantes de las organizaciones hicieron notar que se debe modificar el marco legal para “generar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona”.
