La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe denunció que el sistema de justicia oral continúa dando muestras de su inoperancia y de que resulta sumamente desventajoso para las víctimas. La organización dio a conocer irregularidades en el caso de la niña Yamile, desaparecida desde enero del 2016.

La directora de la agrupación, Teresa Ulloa Ziáurriz, junto con la madre de la menor, Rosa Isela Sotelo Zúñiga, informó que el pasado 24 de agosto se llevó a cabo una audiencia en la que la hermana de Yamile (quien también es menor de edad) acudió a declarar sobre los hechos de los que fue testigo cuando su hermana fue subida por la fuerza a un vehículo. Pero en el juzgado “fueron brutalmente revictimizadas” por la parte defensora de los dos acusados vinculados a proceso, con la actitud de omisión por el juzgado.

Explicaron que la niña por ley debía gozar de garantías y protección al acudir en calidad de testigo; a final de cuentas la obligaron a confrontarse con los dos presuntos responsables de la sustracción de su hermana.

Narraron que el abogado defensor César Ricardo García Bravo sometió a la niña a un contrainterrogatorio, en el que le hacía preguntas “insidiosas, revictimizantes”.

“Los jueces obviaron el interés superior de las niñas Yamile y su hermana e hicieron prevalecer el Código Nacional de Procedimientos Penales, por encima del interés superior de la niñez establecido en la Convención de los Derechos de la Niñez, las Reglas de Basilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, así como el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Actuación para Quienes Imparten Justicia a Niñas, Niños y Adolescentes”, aseveró Teresa Ulloa, quien sostuvo que los funcionarios ni siquiera conocen esos instrumentos legales.

Expusieron que el abogado defensor “fraguó una artimaña para confundir a la niña y le pintó el cabello al acusado cuando lo tenía entrecano, le quitó el bigote; y al otro acusado le dejó crecer el cabello y le cambió el corte de pelo para confundir a la testigo”, pero no le dio resultado porque la niña los reconoció plenamente.

Al señalar que este mismo lunes reinició el juicio contra las dos personas vinculadas a proceso –quienes presuntamente subieron a un vehículo a Yamile en Tlaltizapán-  señalaron que durante el interrogatorio se permitió que el abogado de la defensa pidiera a la testigo “que la niña cerrara los ojos y que respondiera con la mano en el corazón porque de su respuesta dependía la libertad de dos hombres inocentes, ‘dime si estos señores que están sentados atrás de mí fueron los que secuestraron a tu hermana’, a lo que la niña respondió de inmediato que sí. Sin embargo, al cerrar los ojos colocó a la niña en el momento preciso en que le arrebataron a su hermanita y por más esfuerzos que hizo no pudo quitárselas”, lo que implicó “revivir” psicológicamente ese duro momento.

La madre de ambas niñas responsabilizó a los jueces y, en general, al Poder Judicial sobre lo que pueda ocurrirle a ella y su hija (que testificó), al haberla expuesto de esa manera y recordó que hasta la fecha no ha sido localizada su pequeña.

Cabe recordar que de acuerdo con la información que se ha dado a conocer sobre el caso, el 11 de enero del 2016, alrededor de las seis de la mañana, Yamile y su hermana caminaban por la calle Diez de Abril del poblado de Santa Rosa Treinta, cuando se dirigían a clases en la Secundaria “Enrique González Aparicio”, ubicada en el municipio de Zacatepec.

Uno de los hombres que se encontraban en un auto bajó y se llevó por la fuerza a la niña, cargándola por la cintura y la subió al vehículo; su hermana, un poco mayor, trató de impedirlo, jalando los pies, pero le fue imposible.

Teresa Ulloa aseveró que hay indicios de que es un caso de trata de personas y que hay anomalías de fondo, pues las autoridades de reinserción social permitieron que uno de los señalados hasta se pintara el cabello. Comentó que la madre de la menor es estilista y demandó que, como parte de las pruebas, se le deje crecer el cabello o se le revise para constatar que el hombre tiene el pelo entrecano tal y como lo ha declarado una de sus hijas.

Adelantó que promoverá una denuncia contra la agente del ministerio público encargada del caso, ante la serie de errores garrafales que podrían tener como consecuencia que los dos hombres salgan en libertad.