El representante legal de uno de los grupos que han formulado dichas demandas (325 jubilados), Óscar Engels Miranda Avilés, dijo que la JLCA tiene términos fatales para dar un laudo, y no obstante, los ha violado al no emitir una resolución desde el 22 de febrero cuando fue la primera audiencia masiva de estos asuntos.

Indicó que en consecuencia, los expedientes de los recursos que se interpusieron posteriormente tampoco han tenido la audiencia de ley; con lo que dicha instancia daría lugar a juicios de amparo, pero esto implicaría, dijo, más tiempo.

Refirió que de las más de 320 demandas, ya se ganaron dos demandas; incluso ya se le pagó a uno de los jubilados demandantes. Pero en la segunda de las resoluciones a favor, el IEBEM recurrió al amparo, y están a la espera de ese fallo de la justicia federal.

“Estamos viendo con esta actuación que el Instituto está tratando de retrasar que se ejecuten las sentencias favorables sólo con el propósito de retrasar el pago en virtud de que con el primero de ellos ya pagado se tendría un precedente que les sirve al resto de las demandas, no sólo las promovidas por este grupo, sino de los más de 2 mil 800 jubilados que han recurrido a este camino para que les paguen la prima de antigüedad”, argumentó el también asesor jurídico de la asociación civil “Por la Educación y la Justicia Social”.

Expusieron que esta organización apoyó que se legisle un bono adicional para los jubilados en virtud de que la mayoría de ellos percibe pensiones bajas, sobre todo aquellos que han estado en el programa de Carrera Magisterial. Pues al jubilarse, el monto de su pensión se calcula conforme al salario base, y dejan de percibir el sueldo que tenían, que generalmente es mucho mayor. En la categoría más alta, un profesor puede llegar a tener un pago de alrededor de 40 mil pesos mensuales.