Explicó que las adecuaciones al Código Penal, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  y la reciente reforma electoral todavía son insuficientes, porque no se ha tipificado como tal la existencia de “el cuerpo del delito” vinculado a la violencia política, ni se han implementado los mecanismos administrativos eficaces para evitarla de manera preventiva y no sólo resarcitoria.

Explicó que aunque se previó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se planteó la necesidad de instaurar la Procuraduría en Defensa de los Derechos Político Electorales, no fueron consideradas por el legislador en la reciente reforma, aprobada en la víspera del proceso electoral del 2018.

“Quedará el vacío en el proceso electoral, pero más allá de sólo una contienda electoral queda un vacío en cuanto a la actividad política en el estado de Morelos, queda un vacío en la política pública eficaz y eficiente que permita prevenir y resarcir de manera objetiva los temas vinculados a esa violencia política”, dijo.

Sostuvo que tras la reforma electoral del 2014, que propició la participación política de la mujer a través del principio de paridad de género, también aumentó la violencia política en la actividad política y pública.

“De qué sirve a una mujer convertirse en síndica si no se le otorgan los recursos, los mecanismos, los implementos  administrativos para lograr el cumplimiento de la representación municipal. O de qué sirve a una regidora plantearse como representante popular si no tiene los insumos necesarios para llevar a cabo su objetivo sólo por diferir con relación a su presidente municipal”, resaltó en referencia a denuncias realizadas por funcionarias públicas municipales como fueron los casos de las síndicas de Amacuzac y Zacualpan de Amilpas.

Insistió en que el principio de paridad de género previsto en la normatividad electoral, no tendrá la efectividad deseada en la medida en que no se logren implementar políticas públicas preventivas contra la violencia política.