Cuernavaca, Morelos.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó que en al menos en dos prisiones estatales prevalece el autogobierno y condiciones precarias que frenan la reinserción social de los internos.
El pasado 8 de junio, el organismo presentó los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, cuya evaluación se realizó en cárceles estatales, federales, municipales y prisiones militares.
Respecto al estado de Morelos, la CNDH destacó ligeras mejoras en el sistema penitenciario, al pasar de una calificación de 5.49 en el 2014, a 6.43 en la evaluación correspondiente al 2016.
Pese a ello, subrayó, prevalecen en foco rojo las condiciones de gobernabilidad en el centro varonil de reinserción social de Atlacholoaya y la cárcel distrital de Jojutla, y en foco amarillo la cárcel de Cuautla, esencialmente por la sobrepoblación, el hacinamiento, los magros servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, la insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos y la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros.
También se observaron deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias y actividades ilícitas dentro de los penales, que son alentadas por los propios internos en contubernio con la autoridad.
Aun cuando las autoridades penitenciarias estatales sostienen que han erradicado el autogobierno con la neutralización de “líderes negativos” y sus seguidores, la CNDH pidió poner atención al “ejercicio de funciones de autoridad por parte de las personas privadas de la libertad”, en el área varonil del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde es evidente que prevalece el autogobierno/cogobierno, además del cobro de piso, extorsiones y sobornos.
En la cárcel distrital de Jojutla, la CNDH alertó de la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para contener a la población penitenciaria y mantener la estabilidad al interior.
También consideró necesario la mejora en la atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial y en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
