La nueva asociación “Magistrados y consejeros en retiro de Morelos” criticó la ampliación del periodo de magistrados en activo, sin embargo, consideró que será el Congreso quien deberá afrontar el costo de la decisión.

La directiva de la organización es presidida por la magistrada en retiro Virginia Popoca González, e integrada por Rodolfo Cuevas Salazar como secretario, Wilfrido López Luna como tesorero, y Samuel Sotelo como presidente de la Comisión de Honor y Justicia.  

Los ex magistrados Virginia Popoca y Rodolfo Cuevas expresaron que el objetivo fundamental de la nueva organización es de apoyo, tanto a los juzgadores en retiro, como a los magistrados en activo, ante los cambios constantes en la administración de justicia.

“Día con día la administración de justicia va cambiando, va reclamando cada vez más atención, va exigiendo la sociedad una justicia real, auténtica, que permita esa convivencia social, que es uno de los anhelos que persigue el Poder Judicial a través de la administración de justicia”, dijo Cuevas Salazar, quien puntualizó que la organización realizará eventos, cursos y conferencias para entendimiento real y actualizado de la impartición de justicia en beneficio de los integrantes del Poder Judicial y la sociedad.

Además, formará un fideicomiso para apoyar económicamente a cada uno de los asociados y a aquellos administradores de justicia en activo, siempre y cuando cumplan los requisitos estatutarios.

En tanto, el magistrado jubilado Wilfrido López Luna lamentó que el Congreso haya ampliado a 20 años el periodo de los juzgadores de segunda instancia en activo y, sobre todo, haya eliminado los procesos de evaluación periódicos.

Recordó que en su tesis de maestría propuso que la inamovilidad tuviera como límite 18 años, pero con evaluaciones periódicas cada seis años, para corroborar que los magistrados tenían buen desempeño y conservaban las actitudes y aptitudes para continuar en el cargo.

Sin embargo, sostuvo que –en su opinión personal- el decreto legislativo que amplió el periodo de los actuales magistrados “es una agresión a la Constitución y la sociedad misma, el hecho que, por esta única ocasión, porque así lo dice, a los magistrados en activo se les permita desempeñar el cargo por un tiempo mayor al que estaba concedido en el momento en fueron designados”.

Consideró que será el Congreso quien deberá cargar con la crítica social al haber dado un “premio” a los juzgadores sin justificarlo.