Cuernavaca, Morelos.- Al menos en dos de los cuatro centros penitenciarios de Morelos prevalece el autogobierno, ante el vacío de autoridad y la escasez de recursos para reforzar las medidas la seguridad interna.

En la reciente recomendación general 30/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo nacional advirtió a las entidades estatales sobre las condiciones de autogobierno o cogobierno en los centros penitenciarios en el país.

De los 154 penales (de un total de 362) que fueron visitados por la CNDH en todo el país, en 71 se detectaron condiciones de autogobierno y/o gobierno. En Morelos, se manifestó que en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y la Cárcel Distrital de Cuautla la gobernabilidad está debilitada y representa un foco rojo.

Los factores principales que propician el autogobierno/cogobierno son: a) Violación, limitación o ausencia de un marco normativo adecuado; b) Personal insuficiente y no apto para las funciones de seguridad penitenciaria; c) Ilegalidad en la imposición de las sanciones disciplinarias. d) Actividades ilícitas, extorsión, soborno y; e) Ejecución de actividades exclusivas de la autoridad por personas privadas de la libertad; f) Por la incapacidad, omisión o tolerancia de la autoridad y; g) Por la corrupción de la autoridad.

La CNDH, en su recomendación, consideró que el presupuesto otorgado al sistema penitenciario en cada una de las entidades federativas, en la mayoría de los casos es insuficiente e inadecuadamente distribuido, debido a que el 56% es destinado al pago de salarios, un 30% a materiales y suministros dentro de los que se incluyen los servicios de alimentación, gas, luz, telefonía, y todo lo relacionado con la operación de los centros; y el restante 13% se distribuye en el resto de los capítulos, limitándose las acciones de mantenimiento y equipamiento de la infraestructura penitenciaria.

Con ello, se violenta el derecho humano de la reinserción social que mandata el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución federal, que establece que esta tarea es una obligación del Estado, quien debe ser garante de la seguridad de las personas que tiene a su resguardo.

“De lo anterior, se desprende la deficiencia en la gobernabilidad de los centros de reclusión, y consecuentemente, la violación a los derechos humanos, como el derecho a la integridad física y moral, a recibir un trato humano y digno, a una tutela judicial efectiva y, por supuesto, a la reinserción social”.

La CNDH manifestó su preocupación por la situación que priva en los centros penitenciarios estatales y llamó a las autoridades a aplicar las medidas adecuadas y suficientes para retomar la gobernabilidad y garantizar la reinserción social y seguridad de las personas bajo su resguardo.

“Para esta Comisión Nacional la gobernabilidad de los centros de reclusión es un requisito indispensable para la consecución de sus fines, por lo que constituye un requisito ético, jurídico y de protección que recae indefectiblemente sobre las autoridades, quienes, con base en sus atribuciones, son responsables de la seguridad personal y jurídica de quienes se encuentran privados de la libertad, por lo que deben asumir el ejercicio de regir, manejar, mandar y administrar los establecimientos penitenciarios con disciplina y respeto por los derechos humanos. Sólo en un ambiente así se puede tener efectiva seguridad en el interior de los centros de reclusión y garantizar un trato imparcial y justo para todos los que ahí conviven”, recalcó.