La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Morelos (CDHEM) contra la reforma legal que amplió de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados.

El asunto fue asignado al ministro instructor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien emitió sendos acuerdos dirigidos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que en un plazo de 15 días hábiles rindan sus informes ante el tribunal constitucional respecto a los actos reclamados.

El organismo defensor de los derechos humanos impugnó el decreto 1613 publicado el 14 de febrero pasado, por el cual el Congreso reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución local.

Con los cambios al texto constitucional fue eliminada la ratificación de los magistrados del Poder Judicial estatal; se amplió de 14 a 20 años la estadía en el cargo de los actuales magistrados y aumentó de 65 a 70 años la edad para el retiro.

La acción de inconstitucionalidad fue respaldada por diversas organizaciones de abogados, que antes, durante y después del proceso legislativo de la reforma, protestaron y fueron ignorados por los diputados.

El argumento de las agrupaciones de abogados fue que al prologar el periodo de los magistrados, se truncan las aspiraciones de litigantes y empleados con carrera judicial de poder acceder a una magistratura.

Según los legisladores, esta reforma permitiría sanear las finanzas particularmente del Tribunal Superior de Justicia, que enfrenta un momento presupuestal complicado, y constituir un fideicomiso para asegurar a los magistrados un cuantioso fondo de retiro.