Iniciar un juicio para reclamar pensión alimenticia puede convertirse en un viacrucis de muchos años y hasta poner en riesgo la salud de sus promoventes, pues el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoció que en sus juzgados se tramitan asuntos que datan desde hace 17 años.

“Existe el caso de una señora que promovió su juicio de divorcio y demanda de pensión alimenticia. Dicho proceso se ha extendido hasta 17 años y eso le ha generado varios tipos de violencia, entre ellos psicológicos, económicos y físicos, porque ha sufrido algunas enfermedades”, dijo María del Consuelo Estrada Soto, coordinadora de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

En este caso, el TSJ atribuyó la longevidad del juicio a la parte demandada, es decir, a los constantes recursos para alargar el proceso que promueven los abogados del otrora esposo de la mujer, quien debido a lo tortuoso del juicio ha enfermado y sufre estrés.

Estrada Soto señaló que a la mujer se le ha dado acompañamiento para que sus gastos y terapias sean presentados ante el juez, y sostuvo que en este y otros casos su área tiene el propósito de apoyar de forma personal a las partes involucradas en un procedimiento judicial que han sido sujetas de violencia en cualquier forma o modalidad.

“La violencia también puede ser provocada por los servidores públicos; en el área levantamos un acta para realizar el enlace con otras instituciones como centros de justicia para las mujeres, el Instituto de la Mujer, la Fiscalía y otras.

“El fin es gestionar los medios de prueba y llevarlos a los juicios para que se visualicen ante la jueza o juez y saber si esa afectación de violencia pueda incidir en el resultado de su juicio inicial y con ello los administradores de justicia están obligados a juzgar con perspectiva de género”, comentó.

Sin embargo, organizaciones de litigantes como el Colegio Morelense de Abogados han criticado constantemente el rezago en los juzgados en materia familiar y que incluso, cuando se trata de juicios por pensiones alimenticias para menores, los jueces se prestan a “chicanear” los asuntos y pasan por encima del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes e impiden que se atiendan las necesidades apremiantes inmediatas de los infantes.