Cuernavaca, Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) promovió la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que amplió el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, mientras que abogados sospechan que ex magistrados cobran ilegalmente pensión y salario.

En la sede de la CDHEM, organizaciones de litigantes y el presidente del organismo defensor de los derechos humanos, Jorge Arturo Olivares Brito, firmaron el documento que fue ingresado ayer mismo a la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para combatir las reformas constitucionales por las cuales el Congreso amplió “por única vez”, de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ), Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), así como también eliminó la evaluación del desempeño de los juzgadores y aumentó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso.

Tanto la CDHEM como los abogados coincidieron en que la reforma fue ilegal e inmoral, además de que violenta los derechos de los justiciables y cierra el paso para que las nuevas generaciones de abogados y quienes hacen carrera judicial puedan aspirar a una magistratura.

Durante el acto, los abogados también sacaron a relucir la posibilidad de que, ilegalmente, algunos ex magistrados en retiro y al menos uno en funciones, cobren simultáneamente una pensión y un salario como empleados gubernamentales.

El abogado e integrante del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo González Popoca, señaló que la organización solicitará a los tribunales de Justicia Administrativa y Superior de Justicia que indaguen si el magistrado Roque González Cerezo, quien se jubiló como empleado del Congreso, y los magistrados en retiro Juan Manuel Díaz Popoca, actual titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y Samuel Sotelo Salgado, secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, cobran salario y pensión al mismo tiempo.

Señaló que la Ley del Servicio Civil establece que si se está retirado y se reingresa al servicio público, mientras dure el encargo por el cual se percibe un salario, se debe renunciar a la pensión. Es decir, no se puede cobrar la pensión y cobrar emolumentos al mismo tiempo.

Dijo que se debe clarificar la situación y en caso de que se compruebe que incurrieron en alguna ilegalidad, que se abran investigaciones y se deslinden responsabilidades.