Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma constitucional que amplía a 20 años el periodo de los actuales magistrados del Poder Judicial de Morelos, así como elimina la evaluación y ratificación de los juzgadores.
La reforma fue aprobada con la afirmativa ficta de 21 ayuntamientos (quienes omitieron pronunciarse a favor o en contra), la oposición de nueve municipios y los votos no computados de tres más.
De acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto publicado en la edición del 24 de febrero del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, los 22 magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), “por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”.
La reforma incluyó la eliminación del proceso de evaluación y ratificación y se estableció que los próximos magistrados durarán en su encargo 14 años. Anteriormente se les designaba por un periodo de seis años; al cabo de ese tiempo eran auscultados (más política que jurídicamente) y, en su caso, ratificados por un segundo periodo más de ocho años.
También se estableció que sólo en el caso de los magistrados interinos los podrá designar también la Diputación Permanente, a propuesta del órgano político del Congreso.
La justificación del legislador impulsor de la reforma, Enrique Laffitte Bretón, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien consensuó la reforma con un grupo de magistrados del TSJ, fue que la ampliación del periodo de los magistrados en funciones permitirá “generar un lapso de tiempo razonable que permita establecer y desarrollar el mecanismo de que habla la propia Constitución local, para generar los recursos para el pago del haber por retiro, proponiéndose además que dichos recursos no sólo provengan del presupuesto que se destine anualmente a los Tribunales, sino también de las aportaciones que hagan los propios Magistrados”.
Y es que, particularmente, los magistrados del TSJ estaban inconformes con el tope que el Congreso fijó al haber de retiro, porque podían recibir un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los Magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura”.
Por ello, junto con el diputado Laffitte, un grupo de magistrados impulsó ampliar su periodo y en ese lapso fundar un fideicomiso que absorba el retiro de los juzgadores.
Esta reforma, desde antes de su aprobación, encontró oposición entre las organizaciones de abogados y de la sociedad civil, quienes consideraron que es exceso de los Poderes Legislativo y Judicial. Incluso, líderes de abogados sugirieron que era un beneficio a los magistrados del TSJ, a cambio de enjuiciar al edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.
Una vez en vigor las reformas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos podrá promover una acción de inconstitucionalidad, ya que el ombudsman estatal, Arturo Olivares Brito, se opuso a la reforma y se comprometió con el sector de los abogados a combatir las nuevas disposiciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las facultades constitucionales que tiene el organismo.
