Con el objetivo de establecer el derecho de indemnización para aquellos casos en que los daños a los particulares se producen por actividades del Estado, el diputado Francisco Santillán Arredondo planteó reformar por adición los artículos 24 Bis y 24 Ter de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos.
La iniciativa del legislador, quien es Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, señala que la consolidación del régimen político democrático y la sociedad cada vez más participativa, han abierto el debate en torno al derecho de indemnización, previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y su aplicación, para aquellos casos en que los daños a los particulares se producen por actividades del Estado.
Subraya que falta de previsión y mantenimiento de calles, desagües, que es obligación de las autoridades gubernamentales, lo cual ocasiona que haya vidas que padecer, cuerpos lesionados, autos rotos y daño a los bienes de los ciudadanos.
Agrega en su escrito que, debido a ello, es necesario adicionar un artículo 24 Bis a la Ley en comento, para establecer que, cuando la lesión patrimonial haya sido ocasionada por un bache, zanjas, socavones, coladeras y rejillas ubicadas en la vía pública, por la falta de mantenimiento del municipio, a éste le corresponderá la indemnización del daño patrimonial.
Además, la indemnización a que tenga derecho el particular a consecuencia de la actividad administrativa pública irregular del municipio, será desde 10 hasta 150 Unidades de Medida de Actualización (UMA), cuya cobertura que no podrá exceder de diez días hábiles.
Sobre el derecho a reclamar la indemnización, propone que este prescribiría en cuarenta y cinco días, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere producido el daño.
Por otro lado, planteó adicionar un artículo 24 Ter para establecer que “el interesado deberá presentar su reclamación por escrito dirigido al Síndico del ayuntamiento correspondiente donde sucedió el daño patrimonial”.
El diputado Santillán Arredondo destaca en su propuesta que, en la actualidad, ningún Estado democrático puede dejar de asumir sus responsabilidades, y algunos tratados internacionales obligan a sus Estados miembros a adoptar mecanismos internos para reparar los daños que causen a los bienes y derechos de los particulares.
