Cuernavaca, Morelos.- Los diputados locales discuten la permanencia del fiscal estatal anticorrupción y de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por falta de validez legal en sus nombramientos, que fueron hechos por la pasada legislatura. Ayer, nuevamente, se pospuso la votación de las reformas constitucionales para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción, por diferencias entre las fuerzas políticas.

Durante la primera sesión ordinaria del actual periodo, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataron de someter a votación el dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de integrar el Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con lo que señala la ley federal.

Con dichas modificaciones no sólo se ratificaría el nombramiento del fiscal especializado en hechos de corrupción, Juan Salazar Núñez, sino que también se le darían facultades para el manejo del presupuesto del Sistema Estatal y la toma de decisiones en general.

Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) evitó que el dictamen avanzara al Pleno y se pidió continuar con la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, con el argumento de que se tiene que revisar la validez legal del nombramiento del fiscal, al mismo tiempo que se hará con la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del mismo sistema estatal.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los asesores de la bancada del tricolor señalaron que el sol azteca busca ratificar en el cargo al fiscal, pero no la permanencia de los comisionados, a pesar de que todos los nombramientos se hicieron antes de que el Sistema Nacional Anticorrupción se instituyera.

Por lo anterior, el dictamen de reforma constitucional en materia de corrupción se detuvo hasta en tanto las fuerzas políticas no lleguen a acuerdos.

A decir del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el diputado Enrique Laffitte Bretón, la valoración del PRI se hace por cuestiones políticas y no jurídicas, por lo que buscarán que la integración del Sistema Estatal Anticorrupción se lleve a cabo con base en lo que marca la legislación federal.

Con respecto a los dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, designados también por la pasada legislatura, permanecerán e incluso se busca que tengan representación en el consejo del mismo sistema.