Cuernavaca, Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la Barra de Abogados pactaron impugnar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reforma constitucional que amplía el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Una comisión liderada por el presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, acudió a la sede del organismo para solicitar formalmente al ombudsman estatal que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, promueva una acción de inconstitucionalidad para anular el decreto de reforma que trunca aspiraciones de ascenso de jueces y el futuro de varias generaciones de abogados.

El líder de los barristas sostuvo que esta reforma (que elimina la ratificación, amplía de 14 a 20 años la estadía en el cargo y aumenta de 65 a 70 años la edad para el retiro de los magistrados) “es indebida, inmoral e ilegal”, porque no sólo no garantiza una administración de justicia imparcial e independiente, sino que arbitrariamente eterniza las magistraturas sin evaluar el desempeño de quienes las ocupan y sin escrutinio público.

Rosete Flores reprochó que la reforma aprobada por el Congreso y el voto de 21 de los 33 ayuntamientos que conforman el Constituyente otorgue un estatuto de privilegio vitalicio a los magistrados, que incluso pudieran no tener los requisitos de excelencia y diligencia para impartir justicia.

“Hoy le pedimos al presidente de la CDHEM que promueva la acción de inconstitucionalidad y, por nuestra cuenta, en días próximos presentaremos un juicio de amparo por nuestro interés legítimo y por las afectaciones que provoca a nuestros agremiados, miembros del Poder Judicial y litigantes del estado”, explicó.

El titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, coincidió con Rosete Flores y se comprometió a promover la acción de inconstitucionalidad, una vez que sea promulgada la controversial reforma.

"Esta reforma a primera intención lastima la carrera dentro del servicio judicial, cancela posibilidades de que todo miembro dentro de la estructura del Poder Judicial pudiera construir una carrera, que pueda iniciar como oficial, actuario, secretario de juzgado y como juez. Por supuesto que en este momento los mayormente agraviados deben ser los jueces de este estado, todos y cada uno de ellos”, expresó el litigante.

Sin embargo, agregó, “no son los únicos; muchos otros abogados que se dedican a la postulancia (sic) y que pudieran albergar la intención de poder encaminar sus pasos hacia una carrera judicial, la ven cancelada”, señaló.

Miguel Ángel Rosete refirió que exdirectores, profesores y estudiantes de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UAEM también le expresaron su desacuerdo, la frustración y el daño que les causa la reforma.

Los barristas y el ombudsman acordaron la promoción de la acción de inconstitucionalidad y trabajar desde este momento para redactar el documento que en el momento procesal oportuno, será ingresado a la SCJN para impugnar las reformas legislativas a los artículos 40, 89, 109 Bis, 109 Ter de la Constitución local y diversas reformas transitorias. También coincidieron en llamar a la colaboración a otras organizaciones de litigantes, que también han manifestado su inconformidad con la reforma en cuestión.