El Poder Judicial de la Federación ordenó reabrir la investigación contra Naasón Merarí Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, tras revertir la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en el caso.

La resolución se dio durante una audiencia realizada el lunes 27 de abril de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, encabezada por el juez federal Juan José Rodríguez Velarde.

La audiencia, identificada como 34/2026, comenzó a las 18:20 horas luego de haber sido diferida previamente. Durante los primeros minutos se desarrolló de forma pública, con la presencia de la defensora de oficio Minerva Padilla Ávalos, tres abogados particulares, integrantes de la organización religiosa y un exmiembro.

De manera virtual participaron la presunta víctima, Sochil Martin, sus representantes legales —entre ellos Carlos Escobedo Santos— y personal del Ministerio Público de la FGR.

En ese periodo, tres abogados intentaron ser reconocidos como representantes legales de Naasón Joaquín; sin embargo, el juez rechazó la solicitud al considerar que aún no tiene calidad de imputado en este proceso.

Posteriormente, la audiencia continuó con la intervención de la defensa de oficio, quien informó que ese mismo día fue notificada de la intención de revocar la determinación impugnada. Más tarde, a petición de la FGR, la defensa y los representantes de la víctima, la sesión pasó a ser privada a partir de las 18:51 horas.

De acuerdo con la representación de la presunta víctima, la decisión judicial deja sin efecto el cierre de la investigación decretado por la FGR el 17 de diciembre de 2025, pese a que existían señalamientos por delitos como trata de menores, producción de pornografía infantil, abuso sexual y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia, según los abogados de las víctimas, la Fiscalía defendió su postura de no ejercer acción penal, mientras que la impugnación fue sostenida por los asesores jurídicos Carlos Escobedo, Dayra Hernández y Miguel Alfonso Meza.

Con esta resolución, la FGR deberá retomar las indagatorias en México sobre la estructura de la organización religiosa.

La representación de la víctima también señaló posibles fallas en la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, al afirmar que no se activaron mecanismos de cooperación internacional ni se compartió información con el consulado de Estados Unidos, mientras que autoridades de ese país tampoco habrían entregado datos en diversas ocasiones.

Cabe recordar que Naasón Joaquín fue condenado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión por abuso sexual de menores, en un caso que incluyó pruebas obtenidas fuera de México.

En paralelo, un exintegrante de La Luz del Mundo que asistió a la audiencia aseguró que existen elementos suficientes para que el caso avance en México. Indicó que los hechos señalados ocurrieron en Guadalajara y han sido documentados en procesos judiciales en Estados Unidos.

También mencionó que en 2020 se hizo referencia a al menos cinco videos extraídos de dispositivos electrónicos del líder religioso tras su detención, los cuales contendrían evidencia de conductas ilícitas y la participación de otras personas. Según su versión, ese material fue conocido por la defensa en Estados Unidos y no ha sido desmentido.

El exintegrante señaló además que Naasón Joaquín no ha sido citado ni imputado formalmente en México, pese a existir una carpeta de investigación, y cuestionó que continúe como líder de la organización mientras permanece en prisión.

Sobre el financiamiento de su defensa, afirmó que se sostiene con aportaciones de fieles, las cuales habrían superado 1.6 millones de dólares mediante plataformas digitales y actividades internas. También mencionó que la familia Joaquín cuenta con bienes inmuebles en México que podrían utilizarse para cubrir dichos gastos.

La reapertura del caso reactiva una investigación que había sido cerrada por la propia Fiscalía y coloca nuevamente bajo revisión su actuación, además de abrir la posibilidad de que los delitos perseguidos en el extranjero sean investigados en México.