El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, realizó la semana pasada una visita al noroeste de Sinaloa con motivo de la inauguración de una fábrica cerca de Los Mochis, un evento que inicialmente parecía protocolario pero que derivó en un mensaje político más amplio.

Durante su participación en la presentación de una planta de metanol vinculada a una inversión privada de gran escala, Johnson destacó la importancia de la relación bilateral y el impacto económico del proyecto, estimado en miles de millones de dólares y considerado una de las inversiones estadounidenses más relevantes en México en años recientes.

Sin embargo, el embajador centró parte de su intervención en el tema de la corrupción, al que calificó como un obstáculo directo para el desarrollo económico, la competencia y la confianza en los mercados.

Señaló que la inversión depende de condiciones adecuadas para fluir y advirtió que estas condiciones se ven afectadas por prácticas corruptas.

De acuerdo con lo expuesto, Johnson envió un mensaje más amplio sobre una posible estrategia anticorrupción impulsada por la administración estadounidense, que podría incluir medidas más allá de la cancelación de visados, como acciones legales en tribunales federales contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluidos miembros del partido gobernante Morena.

Las declaraciones se dan en un contexto de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pieza clave para la economía mexicana.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los comentarios durante una conferencia, señalando que su gobierno ya trabaja en temas anticorrupción y sugiriendo que Estados Unidos debería aplicar criterios similares.

El mensaje del embajador también se relaciona con el contexto de violencia y corrupción en Sinaloa, estado donde opera el cártel del mismo nombre. Según expertos, estas organizaciones han influido durante años mediante sobornos a autoridades locales y agentes de seguridad.

En el mismo entorno político, se han reportado cancelaciones de visados a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado vínculos con el crimen organizado.

Su figura ha estado bajo escrutinio tras el asesinato no resuelto de un político rival en 2024 y las irregularidades señaladas en la investigación oficial, que derivaron en la renuncia de la fiscal estatal.

El evento en Los Mochis también estuvo marcado por protestas contra el gobernador, lo que llevó a modificar la sede de la ceremonia a un hotel, donde finalmente el embajador pronunció sus declaraciones en español e inglés.

El episodio refleja el aumento de la tensión diplomática en torno a la lucha anticorrupción, en un momento clave para la relación bilateral y el futuro del acuerdo comercial de América del Norte.

Con información del periodista de investigación Steve Fisher, colaborador de Los Angeles Times.