El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidió de manera unánime en la necesidad de aplazar la elección judicial, a pesar de las diferencias internas entre sus integrantes.

En un primer planteamiento, se había considerado que estos comicios podrían realizarse en 2027, incluso pocos meses después de otras elecciones, con el fin de aprovechar la capacitación de quienes organizan y apoyan la integración de casillas. Sin embargo, los consejeros señalaron que el escenario más adecuado sería 2028.

El INE advirtió que concentrar varios procesos electorales en una misma jornada pondría en riesgo la calidad técnica y operativa del sistema electoral, además de no generar ahorros, ya que la Constitución establece que los partidos políticos no participan en la elección de juzgadores, lo que obliga a instalar distintos tipos de casillas en espacios separados.

Por ello, calificaron esta posible coincidencia como “inmanejable, incompatible y complicada”, tanto para la organización como para la ciudadanía.

Asimismo, el instituto recordó las dificultades enfrentadas en el proceso 2024-2025, el primero derivado de la reforma judicial.

En ese periodo, el INE tuvo que organizar una elección basada en un modelo diseñado por otras instancias, lo que provocó que asumiera la corrección de múltiples errores del sistema.

Entre las complicaciones, se señaló que en febrero de 2025 el Senado entregó expedientes con datos de candidatos que habían sido evaluados por tres comités distintos, sin intervención del INE. Esto generó información incompleta, errores de captura y dudas sobre la elegibilidad de varias personas.

Ante esta situación, el INE tuvo que revisar apresuradamente las candidaturas, solicitar información a distintas autoridades y verificar antecedentes para descartar casos de personas no aptas, incluyendo registros de personas con posibles antecedentes de violencia o incluso privados de su libertad.

Otro problema surgió con la interpretación de los requisitos académicos de la reforma. Tras detectar inconsistencias en los promedios exigidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó posteriormente que esa revisión no correspondía al INE.